Por: Jesús Quintero Seoane
La aparente imposibilidad de localizar al almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Manuel López Obrador, plantea una pregunta: ¿puede una autoridad ministerial declararse incapaz de encontrar a un personaje que ocupó uno de los cargos más importantes de la seguridad nacional?
En agosto pasado la Fiscalía General de la República manifestó que no había logrado localizarlo para notificarle un citatorio como testigo en el proceso contra Fernando Farías Laguna (sobrino político de Rafael Ojeda) quien está acusado de participar en una red de llamado huachicol fiscal. La defensa sostuvo que había proporcionado un domicilio para localizarlo. Su comparecencia como testigo es para esclarecer lo que pudiera saber sobre los hechos que se investigan. No se trata de declararlo culpable, sino de garantizar que la averiguación alcance a todos los testimonios relevantes. El hecho documentado hasta este momento no es que Ojeda esté desaparecido o prófugo, sino que la notificación no se concretó.
El 18 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el almirante no está escondido y que no existe una carpeta de investigación en su contra.
Marina aclaró que mantiene una asesoría honoraria al Alto Mando, dando con ello cumplimiento a un decreto presidencial del 28 de julio de 1988, que establece que los almirantes que hayan ocupado la titularidad de la Secretaría de Marina continuarán en activo, aun cuando exista causal de retiro, con el propósito de que su experiencia pueda ser aprovechada como asesores de quienes posteriormente encabecen la dependencia.
Esto significaría que la Secretaría de Marina si lo tiene plenamente localizado, máxime por toda la información que conoce y guarda por su participación en las cuestiones de seguridad nacional durante el gobierno anterior. Se asume que por protocolo de seguridad nacional lo deben de cuidar de cualquier atentado.
Y en este sentido, es válida y cierta la afirmación de la presidenta de que Ojeda Durán no está escondido, porque las autoridades incluida la Fiscalía saben en donde localizarlo.
El procedimiento de la Fiscalía debe documentar sus intentos de notificación, verificar domicilios y recurrir a las fuentes oficiales disponibles. Informar si solicitó formalmente la colaboración de la Secretaría de Marina, si consultó los registros institucionales y agotó las vías legales para hacer efectivo el citatorio.
Por lo menos hasta la fecha y hasta donde se conoce públicamente sobre el caso, la comparecencia de Rafael Ojeda Durán sigue pendiente. Entonces, ¿qué gestiones ha realizado la Fiscalía para cumplir el requerimiento judicial que emitió la autoridad competente?
Hablar de encubrimiento por parte del gobierno es una sospecha que resulta legítima por la falta de explicaciones convincentes.
La Fiscalía debe informar, dentro de los límites legales, qué actuaciones ha realizado para localizar al almirante y en todo caso, en descargo, aclarar si existen obstáculos procesales o institucionales que expliquen la demora o no entrega de la orden judicial.
En un Estado de derecho, ni los uniformes, ni los cargos pasados, ni las relaciones políticas pueden convertirse en escudos.
Si no hay responsabilidad, el testimonio, en este caso de Ojeda Durán, ayudaría sin duda a despejar dudas; la investigación debe hacerse sin privilegios. Sería inadmisible que la justicia se detuviera precisamente, por un encubrimiento político, cuando lo que se necesita son respuestas de quienes estuvieron en la cúspide del poder y conocieron de la trama del contrabando de huachicol. Esto significa ya una responsabilidad política que alguien debe asumir.
Usted ¿qué opina?
