Por: Jesús Quintero Seoane
Hay asuntos que por su dimensión dejan de ser solamente judiciales y de corrupción, para convertirse en un asunto político.
El llamado huachicol fiscal es uno de ellos, y es necesario hacer un recuento para tener todo el contexto del caso.
La historia de huachicol fiscal que hoy sacude a la Marina no comenzó con los hermanos Farías Laguna.
Tiene un antecedente que no puede ignorarse: el asesinato de Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol”, en noviembre de 2021 dentro de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, a quien señalan como presunto financiador de campañas políticas con recursos del huachicol.
La trama es una cadena de sucesos: contrabando de combustibles que involucra a las aduanas, agencias aduanales, empresarios, marinos, funcionarios de gobierno y una importante evasión fiscal, del orden de los 600 mdp, según el propio gobierno.
Cifra que se ha tratado de corregir.
Paralelamente hay 4 muertes sospechosas.
La del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar asesinado en Manzanillo, en noviembre de 2024, 2 meses después de haber advertido al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, sobre irregularidades en la Secretaría de la Marina; el asesinato en octubre de 2024 en Colima, de Magaly Janet Nava Ramos, de la FGR, que investigaba el caso.
Después, en septiembre de 2025, el capitán de la Marina, Omar del Angel Zuñiga, murió en circunstancias dudosas que la Secretaría calificó como un accidente en una práctica de tiro.
Un día antes habría muerto Abraham Jeremías Pérez Ramírez, reportada su muerte como suicidio que se dijo no estaba relacionado con el caso.
¿Fueron hechos aislados? ¿Existe una conexión entre ellos? No fueron hechos aislados desde luego y forman parte de una historia digna de una serie de televisión.
La trama se presta. No son meras coincidencias.
La investigación ha llevado a la detención entre otros de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda Durán.
Recientemente Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el “Capitán Sol”, señalado como una pieza relevante de la estructura del contrabando de combustible.
Hasta ahí, podría decirse que la investigación avanza. Pero no es así cuando se observa toda la trama oscura que la rodea.
Una red de encubrimientos, o así pareciera, cuando queda sin sustento legal, por ejemplo, la “desaparición” de Rafael Ojeda Durán.
La presidenta Sheinbaum ha insistido que el exsecretario de Marina no está bajo investigación porque él mismo habría presentado una denuncia que no aparece registrada en la Fiscalía General de la República, la que a su vez no ha podido localizarlo para que declare como testigo, es decir, solo como testigo.
La propia presidenta lo ha cobijado asegurando que “no está escondido”. La Secretaría de Marina, no ha dicho algo.
¿Acaso la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, como luego se “presume”, no podría “exhortarlo” a que testifique y de su versión de los hechos, disipe muchas dudas y ayude al esclarecimiento del caso?
¿Dónde está el servicio de inteligencia si fuese el caso?
Y para cerrar la trama surge el nombre de Andy.
Se aduce que se trata de Andrés López Beltrán.
Este es el momento, quizá, donde la trama ya no solo es corrupción, es un asunto político de gran calado, para hablar en términos marítimos.
La pregunta ya no es solamente quiénes fueron detenidos.
La pregunta es quién sabía, quién permitió, quién protegió y hasta dónde llega la complicidad.
Mientras la Presidencia responde que todo está en manos de la Fiscalía y esta responde con información fragmentada, las dudas y el encubrimiento crecen.
La verdad completa debe ser conocida, y es una obligación de Estado.
Usted ¿qué opina?
