Por: Jesús Quintero Seoane
A principios de la década de los noventa, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) junto con Estados Unidos y Canadá, y está vigente desde 1994.
Si bien se firmó en ese momento un acuerdo comercial, este representó para nuestro país el cambio definitivo de un modelo económico basado en el proteccionismo hacia otro sustentado en la apertura de mercados, la inversión extranjera y la integración productiva, en esa ocasión con Norteamérica.
En aquel momento, el tratado dividió a México. Sus defensores argumentaban que abriría oportunidades para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y modernizar la economía.
Sus detractores advertían que colocaría a productores nacionales, especialmente al campo, en desventaja frente a la enorme capacidad productiva estadounidense y consolidaría una dependencia económica de México respecto de su vecino del norte. Tres décadas después, ambas posturas pueden reclamar razón.
Es innegable que el TLCAN transformó la economía mexicana. Las exportaciones se multiplicaron, la industria manufacturera —particularmente la automotriz— se integró a cadenas globales de valor y México se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Pero también es cierto que los beneficios han sido desiguales: el crecimiento económico promedio ha sido mas bien modesto, persisten niveles de desigualdad económica, ya que hay sectores sociales que no se han beneficiado y otros como el agro tradicional que han enfrentado dificultades para competir.
En 2020, el TLCAN fue sustituido por el T-MEC, un acuerdo, se afirma, modernizado que incorporó nuevas reglas laborales, ambientales y de comercio digital entre otros aspectos.
Sin embargo, su esencia, la que le dio origen hace ya más de 30 años, permanece intacta: la integración económica de América del Norte mediante reglas de libre comercio. En esencia un modelo económico neoliberal.
Aquí emerge una paradoja política difícil de ignorar. El movimiento de la Cuarta Transformación ha construido buena parte de su discurso sobre una crítica radical al llamado «periodo neoliberal», responsabilizándolo de múltiples problemas económicos y sociales.
No obstante, cuando el T-MEC ha enfrentado tensiones o amenazas, ahora y antes de su revisión, el propio gobierno ha hecho de su preservación una prioridad estratégica. Lo defiende. Un absurdo para un gobierno que se dice de izquierda y antineoliberal.
La aparente contradicción ideológica tiene una explicación pragmática.
Hoy, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y millones de empleos dependen, directa o indirectamente, de esa integración comercial.
Cuestionar el neoliberalismo resulta políticamente rentable; pero el gobierno sabe que poner en riesgo el T-MEC sería económica y socialmente muy costoso, porque no tiene ninguna alternativa que supla un tratado de esta naturaleza. Sería darse un balazo en un pie.
El caso del T-MEC revela cómo la realidad suele imponerse sobre la retórica. Los gobiernos y las narrativas cambian, las ideologías pragmáticamente se adaptan, pero existen instituciones cuya importancia trasciende los discursos y los tiempos.
El T-MEC es una de ellas: quizá el legado más sólido de las reformas económicas de los noventa y, paradójicamente, el T-MEC es uno de los pilares que hoy sostiene el proyecto económico de un gobierno que “vende” la idea de que ha quedado atrás el modelo neoliberal, que según la 4T ha causado los males de nuestro país.
La verdadera pregunta que debe hacerse la 4T, ya no es si México debe abandonar el neoliberalismo, sino por qué el principal instrumento económico heredado de esa etapa sigue siendo considerado intocable.
Nadie en la 4T, de ningún nivel y Poder sale a cuestionarlo. Paradójicamente, mientras el discurso oficial sigue atribuyendo al neoliberalismo buena parte de los males del país, su prioridad hoy es defender el principal legado económico neoliberal.
La reunión de esta semana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, no fue una defensa del pasado, sino del presente y del futuro de la economía mexicana.
Porque más allá de las diferencias ideológicas, no puede darse el lujo de poner en riesgo el instrumento comercial del que dependen millones de empleos e inversiones y la mayor parte de las exportaciones. La realidad termina imponiéndose al discurso.
Usted ¿qué opina?
