Por: Jesús Quintero Seoane
La trama del INE que sacude en estos momentos al sistema político mexicano y pone contra la pared a la 4T, aunque este movimiento y el gobierno no lo reconozcan, de la cual la ciudadanía se enteró por una investigación periodística, y no por el resultado de una auditoría de los órganos de control que tiene competencia, nos lleva a preguntar si el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el propio Poder Legislativo no sabían absolutamente de las irregularidades que prevalecían en el INE.
En este sentido, me atrevo a decir que, en nuestro país, con el paso del tiempo de la 4T, parece normalizada una respuesta que ya no sorprende: “No sabíamos”.
Casi en sentido literal. Digo esto, porque ante acontecimientos políticos, hechos de violencia, irregularidades administrativas, decisiones cuestionables o situaciones que comprometen a las instituciones o al propio país, la explicación oficial en muchos casos suele comenzar —o terminar— con un “no sabíamos” o “vamos a investigar”.
No es esto lo ordinario, pero tampoco ya nos sorprende.
¿Nadie informó? ninguna autoridad tenía conocimiento, no existían antecedentes o simplemente no se había advertido lo que estaba ocurriendo en el INE, hasta que una investigación periodística descubrió la corrupción que había y desencadeno la renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
La reiteración de esta respuesta plantea una pregunta que va más allá de cada acontecimiento particular: ¿cómo es posible que un gobierno que dispone de tantas instituciones, organismos de inteligencia, mecanismos de supervisión, sistemas de fiscalización y estructuras administrativas pareciera desconocer las irregularidades que sucedían en el INE, siendo un eslabón tan importante del sistema político mexicano?
El problema no es únicamente que una autoridad pueda desconocer un hecho.
Estamos ciertos que en cualquier gobierno existen limitaciones de información, fallas de comunicación y errores humanos. Lo que es preocupante es que el desconocimiento, o “el darse por sorprendidos” se conviertan en explicaciones recurrentes, muchas veces contradictorias o poco creíbles, que se van transformando en la narrativa repetida de echarle la culpa al pasado e intentar deslindarse de responsabilidades.
Es claro, que gobernar no significa necesariamente saberlo todo, pero sí implica y es una responsabilidad contar con mecanismos para conocer, anticipar, investigar y actuar.
Cuando esos mecanismos no funcionan, la responsabilidad la asumen quienes tienen la obligación de hacerlos funcionar. Y cuando las instituciones y quienes deben saber o tomar decisiones reciben información tardía, o simplemente no les llega, existe sin duda un problema de responsabilidad institucional y personal.
Mientras las instancias del gobierno suelen reivindicar con mucha frecuencia su capacidad de gestión, coordinación, control, y presumir resultados y logros ante determinados acontecimientos, al mismo tiempo se presentan como una estructura fragmentada, desinformada y sorprendida por su propia realidad, ante hechos evidentes como los del INE, que reflejan, en el mejor de los casos, desinformación, si es que realmente la había, eludiendo su responsabilidad.
Nuestro país, la ciudadanía, requiere fortalecer su confianza en instituciones capaces de informar, autoridades dispuestas a rendir cuentas y procedimientos que permitan establecer quién sabía, quién debía saber, qué hizo con la información y por qué no se actuó oportunamente.
Un gobierno puede equivocarse y puede ser sorprendido e incluso puede reconocer que carecía de información, mientras esto no sea lo constante.
Pero lo que no debería convertirse en una constante es que, frente a los problemas del país, muchos de ellos graves, la respuesta institucional sea: nadie sabía, nadie informó y, aparentemente, nadie es responsable.
Usted ¿qué opina?
