Por: Fabián G.
Santa Lucía, Estado de México.— La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó su presencia operativa en Sinaloa con el envío de 300 elementos del Ejército Mexicano, quienes partieron vía aérea desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía con destino a Mazatlán, como parte de la estrategia federal para contener la violencia y recuperar condiciones de seguridad en zonas consideradas prioritarias.
«Ojalá que estos 300 elementos de verdad hagan la diferencia y no sea nomás una medida de un ratito, porque los negocios cierran temprano, la gente tiene miedo de salir y los únicos paganos de esta violencia somos los ciudadanos de bien que tratamos de ganarnos la vida honradamente”, expresó a Llamas Comunicación, Carmen Duarte, comerciante sinaloense, al describir el ambiente de incertidumbre que persiste entre la población.
El contingente fue trasladado desde el Estado de México hasta el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, donde los efectivos comenzaron su incorporación a las tareas desarrolladas por personal de la Novena Zona Militar y otras corporaciones desplegadas en territorio sinaloense.
La movilización forma parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad ante la actividad de grupos generadores de violencia y contempla patrullajes, reconocimientos terrestres, presencia en puntos estratégicos y acciones de disuasión en sectores identificados con mayor incidencia delictiva.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, las operaciones deberán desarrollarse bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de mantener el respeto a los derechos humanos durante las intervenciones del personal militar.
Presencia militar genera expectativa
La llegada de nuevos efectivos también abrió nuevamente el debate entre habitantes de Sinaloa sobre los resultados de los despliegues federales.
En redes sociales se observan posiciones encontradas. Una parte de los ciudadanos considera necesaria una mayor presencia de las Fuerzas Armadas para recuperar espacios y reducir los delitos de alto impacto; otros manifiestan desgaste frente a operativos sucesivos y demandan una estrategia capaz de producir resultados permanentes.
Carmen Duarte resume esa dualidad: la presencia militar representa una posibilidad de mayor vigilancia, pero también evidencia las condiciones bajo las cuales numerosas familias han tenido que modificar sus actividades cotidianas.
«Por un lado, te da un respiro pensar que van a vigilar más y que tal vez paren los abusos, pero por el otro, el miedo no se quita; ver convoyes armados en las esquinas te recuerda en qué zozobra vivimos todos los días”, señaló.
El impacto de la inseguridad, agregó, alcanza directamente a comerciantes y trabajadores, particularmente en lugares donde establecimientos han reducido horarios y familias evitan salir durante determinadas horas.
Buscan recuperar movilidad y tranquilidad
Los 300 militares se integrarán a un esquema de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente en municipios considerados prioritarios dentro del mapa de seguridad estatal.
El objetivo inmediato será incrementar la capacidad de vigilancia, inhibir las operaciones de grupos delictivos y generar condiciones para recuperar la movilidad de la población y la actividad económica.
El nuevo despliegue eleva nuevamente la apuesta federal en Sinaloa. Para los ciudadanos, sin embargo, el indicador definitivo no será el número de efectivos movilizados, sino la capacidad de transformar esa presencia operativa en seguridad duradera en calles, comunidades y negocios.
