Por Fabián G.
CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un nuevo frente de inconformidad interna ante la advertencia de trabajadores que preparan una suspensión de actividades para el próximo lunes 9 de noviembre, en protesta por las condiciones laborales, la incertidumbre contractual y presuntas prácticas de corrupción dentro del organismo.
“La falta de diálogo transparente y las acusaciones de corrupción amenazan con fracturar la base operativa que sostiene la relación directa del INE con la ciudadanía”, señalaron fuentes internas citadas en los reportes sobre el conflicto.
La movilización, cuya convocatoria nacional aún está pendiente de confirmación independiente, tendría como principal escenario los Módulos de Atención Ciudadana, responsables de expedir, renovar y entregar las credenciales para votar, uno de los servicios de mayor contacto entre el instituto y la población.
Entre las inconformidades expuestas figuran la contratación temporal, la falta de estabilidad laboral, las cargas excesivas de trabajo y los mecanismos de supervisión que algunos empleados consideran invasivos, incluyendo presuntas revisiones de teléfonos celulares personales.
Sin embargo, las denuncias laborales no constituyen el único problema que enfrenta el organismo electoral.
En paralelo, han surgido señalamientos sobre supuestos mecanismos de cobro de cuotas ilegales a funcionarios que ocupan puestos administrativos y de mando, práctica conocida como “moches” o “diezmos”.
De acuerdo con las acusaciones, trabajadores con percepciones mensuales de entre 40 mil y 100 mil pesos habrían recibido exigencias para entregar parte de sus ingresos a cambio de conservar sus posiciones dentro de la estructura institucional.
Los señalamientos describen presuntas entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias, aunque hasta ahora no se cuenta con elementos suficientes para establecer públicamente la responsabilidad de funcionarios específicos.
Según la información difundida, expedientes relacionados con estas acusaciones habrían sido presentados ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Órgano Interno de Control del INE, con la intención de promover investigaciones administrativas y determinar posibles responsabilidades penales.
La amenaza de paralización ocurre en un momento particularmente delicado para el instituto, que enfrenta cuestionamientos sobre su funcionamiento interno y la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las autoridades electorales.
Una eventual suspensión de labores podría provocar retrasos en los trámites de inscripción al padrón electoral, actualización de domicilios, reposición de documentos y entrega de credenciales, dependiendo del alcance real de la movilización.
El conflicto también coloca bajo presión a las autoridades administrativas del INE, ante las exigencias de revisar las condiciones de contratación, garantizar mecanismos de denuncia sin represalias y esclarecer cualquier posible irregularidad en el manejo de plazas y remuneraciones.
Hasta el momento, no se dispone de una respuesta institucional verificada sobre la convocatoria al paro ni sobre el conjunto de acusaciones laborales y administrativas.
De concretarse la protesta del 9 de noviembre, el organismo electoral enfrentaría una prueba importante para su capacidad operativa y su credibilidad institucional, mientras sus trabajadores reclaman condiciones laborales más justas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
