Por Fabián G.
Ciudad de México.— Un contrato por 4 mil 928 millones de pesos adjudicado por el IMSS-Bienestar a la empresa Vayam Medical, vinculada al empresario Christian Carmona Barón, ha generado cuestionamientos por sus presuntos vínculos políticos con el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y señalamientos de que los servicios de laboratorio contratados apenas alcanzan al 25 por ciento de las unidades médicas contempladas.
De acuerdo con información difundida por el periodista y analista de negocios Mario Maldonado, la asignación requiere explicaciones sobre los criterios utilizados para seleccionar al proveedor, su capacidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, particularmente ante los reportes de una cobertura considerablemente inferior a la comprometida.
El proyecto contempla la prestación de servicios integrales de laboratorio en 7 mil 259 unidades médicas del país, distribuidas en 4 mil 587 unidades básicas, 2 mil 491 unidades estratégicas de atención y 181 laboratorios clínicos de alta capacidad.
Sin embargo, investigaciones periodísticas señalan que solamente una cuarta parte de los establecimientos contemplados dispone del servicio, situación que, de confirmarse, representaría una diferencia importante entre las metas contratadas y su ejecución.
La controversia también alcanza al empresario Christian Carmona Barón, identificado como consejero de Morena y relacionado con negocios de verificentros y suministros médicos, además de contrataciones anteriores con el gobierno de Morelos.
Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, empresas relacionadas con Carmona Barón habrían obtenido contratos superiores a 300 millones de pesos en los Servicios de Salud de Morelos, dependencia encabezada entonces por Héctor Barón Olivares, señalado como familiar del empresario.
Estos antecedentes han provocado cuestionamientos sobre los mecanismos de adjudicación, particularmente por tratarse de recursos públicos destinados a servicios esenciales para la atención médica de millones de mexicanos.
El objetivo del contrato es ampliar la disponibilidad de estudios clínicos, agilizar la toma de muestras, reducir los tiempos de espera y acercar los servicios de diagnóstico a comunidades donde la infraestructura hospitalaria resulta insuficiente.
No obstante, la presunta cobertura limitada podría afectar la oportunidad con la que los pacientes reciben resultados indispensables para determinar tratamientos y dar seguimiento a enfermedades.
Entre las principales exigencias de transparencia se encuentra conocer el número de laboratorios efectivamente instalados, los establecimientos que ya ofrecen servicios, los recursos ejercidos y las condiciones legales bajo las cuales se habría realizado la adjudicación directa.
Hasta el momento, no se cuenta con un informe oficial del IMSS-Bienestar que confirme el porcentaje de cobertura señalado ni que precise la existencia de incumplimientos contractuales o posibles penalizaciones.
La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de recursos federales destinados a la salud pública, mientras permanece pendiente esclarecer si la ejecución del contrato corresponde a las obligaciones pactadas y a las necesidades de atención de la población.
