Por Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.— México enfrenta la posibilidad de una severa crisis logística a partir de este lunes 26 de octubre, cuando organizaciones del autotransporte de carga tienen previsto iniciar un paro nacional por tiempo indefinido, en protesta por la inseguridad carretera, las extorsiones, los asesinatos de operadores y los elevados costos que amenazan la supervivencia de miles de empresas transportistas.
“Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido”, declaró Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), al advertir que detener una actividad indispensable para la economía nacional no es una decisión tomada a la ligera.
La preocupación no es menor. De acuerdo con cifras difundidas por organizaciones transportistas, diariamente se movilizan por las carreteras mexicanas aproximadamente 2.6 millones de toneladas de mercancías, mientras que la actividad económica vinculada al sector alcanza los 21 mil 500 millones de pesos por jornada, cifras que permiten dimensionar las operaciones expuestas a una eventual suspensión.
El impacto podría extenderse a supermercados, industrias manufactureras, gasolineras, centros de distribución y cadenas de suministro que dependen de la llegada puntual de materias primas, alimentos, combustibles y productos terminados.
Uno de los puntos más sensibles será la frontera norte, particularmente Nuevo Laredo, principal plataforma terrestre del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, donde una suspensión prolongada podría generar acumulación de unidades, retrasos en las operaciones aduaneras y pérdidas económicas para importadores y exportadores.
De acuerdo con estimaciones presentadas por el sector, diariamente se realizan alrededor de 21 mil cruces fronterizos de carga entre México y Estados Unidos, con mercancías valuadas en aproximadamente mil 800 millones de dólares.
La inseguridad constituye uno de los principales detonantes del conflicto. Durante los primeros nueve meses de 2026, organizaciones transportistas reportaron mil 105 robos al transporte de carga y 15 operadores asesinados, cifras que reflejan los riesgos que enfrentan quienes recorren diariamente las carreteras nacionales.
A esta situación se agrega el incremento de los costos operativos. Según los dirigentes, el combustible puede consumir hasta 50 por ciento de los ingresos de determinados viajes, mientras que las casetas de peaje, seguros, mantenimiento y obligaciones fiscales reducen considerablemente los márgenes de rentabilidad.
Otro motivo de inconformidad es la propuesta de modificar los estímulos fiscales relacionados con el pago de autopistas dentro del Paquete Económico 2027, al reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio fiscal.
La Canacar plantea elevar ese límite hasta 420 millones de pesos para compensar la inflación acumulada y evitar que numerosas empresas queden excluidas del esquema.
Sin embargo, la convocatoria enfrenta divisiones. Organizaciones como Amotac, Antac, Conatram, Amtac y Canapat han manifestado que no participarán en la suspensión de actividades, aunque reconocen la gravedad de los problemas que enfrenta el gremio.
Esta situación introduce incertidumbre sobre el número real de unidades que dejarán de operar y el alcance que podría tener la protesta.
Los convocantes aseguran que no bloquearán completamente las carreteras, sino que realizarán manifestaciones y suspenderán operaciones, aunque todavía no existe certeza sobre las afectaciones que podrían registrarse.
Para Nuevo Laredo y el resto de la frontera norte, la preocupación se concentra en el movimiento de mercancías hacia Estados Unidos, donde cualquier retraso prolongado podría repercutir en las operaciones aduaneras, los tiempos de entrega y los costos logísticos.
La advertencia de los transportistas permanece vigente, pero la verdadera dimensión del conflicto comenzará a conocerse este lunes, cuando las unidades que habitualmente mantienen en movimiento la economía mexicana decidan salir a carretera o permanecer detenidas.
El riesgo no solamente está en los camiones que dejen de circular, sino en las mercancías que podrían dejar de llegar a su destino y en las consecuencias para una economía que depende diariamente del transporte terrestre.
