Por Dan Llamas
Ciudad de México.- La diputada federal Giselle Arellano Avila presentó una iniciativa para reformar el artículo 282 del Código Penal Federal y ampliar el alcance del delito de amenazas, a fin de contemplar expresamente aquellas realizadas por medios digitales, electrónicos, escritos, verbales, simbólicos, directos o indirectos.
“La iniciativa busca fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizar con los estándares constitucionales”, señaló la legisladora de Morena a Llamas Comunicación.
La propuesta plantea modificar la primera fracción del artículo 282 para sancionar a quien amenace a otra persona, por cualquier medio, con causarle un daño.
La pena contemplada va de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa.
Arellano explicó que el alcance de la reforma no se limitaría a las amenazas contra la integridad física, sino que incluiría posibles afectaciones de carácter psicológico o sexual, así como aquellas dirigidas contra los bienes, el honor o los derechos de la víctima.
El proyecto considera además los casos en los que exista o haya existido entre la víctima y quien profiere la amenaza una relación familiar, afectiva, laboral, de convivencia o cualquier otro vínculo de naturaleza semejante.
La diputada sostuvo que la legislación vigente fue concebida en una época en la que las comunicaciones se desarrollaban principalmente mediante el contacto personal o la correspondencia escrita, escenario que cambió radicalmente con la expansión de las tecnologías de la información.
De acuerdo con la legisladora, la utilización masiva de redes sociales, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico y otras plataformas abrió nuevas vías para intimidar a una persona, incluso sin necesidad de que exista contacto físico entre agresor y víctima.
La iniciativa advierte que actualmente las amenazas pueden realizarse mediante perfiles anónimos e incluso cuentas automatizadas, herramientas que dificultan la identificación de sus responsables y amplían el alcance de este tipo de conductas.
Arellano señaló que la actualización del Código Penal Federal pretende también evitar que las prácticas de intimidación y violencia sean normalizadas en los espacios digitales y fortalecer un marco jurídico que favorezca la convivencia pacífica tanto dentro como fuera de internet.
El documento destaca particularmente el incremento de amenazas dirigidas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y otros grupos considerados vulnerables.
La iniciativa sostiene que diferentes organismos nacionales e internacionales han advertido que las amenazas pueden constituir la antesala de expresiones más graves de violencia física, psicológica o sexual, por lo que su identificación y atención oportuna resultan fundamentales.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada antes de avanzar en el proceso legislativo.
