Por: Fabián G.
Ciudad de México.– La confrontación entre Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y el Instituto Nacional Electoral cruzó la frontera. El dirigente nacional del PRI denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos a tres consejeros electorales, a quienes acusa de presuntos actos de censura y afectaciones a la libertad de expresión.
“Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado.
En México tenemos un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno”, sostuvo Moreno Cárdenas al anunciar la ofensiva contra los funcionarios del INE.
La denuncia señala directamente a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral.
El choque se originó a finales de julio, luego de que dicha comisión emitiera medidas relacionadas con expresiones y publicaciones del PRI y de su dirigente nacional.
Para el tricolor, la determinación no representa únicamente una resolución administrativa, sino un intento por limitar el discurso político de oposición.
Busca sanciones bajo la Ley Magnitsky
El movimiento de Moreno Cárdenas eleva considerablemente el tono de la disputa, pues su equipo jurídico pretende que el caso sea analizado bajo los alcances de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones migratorias contra extranjeros vinculados con corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
Como argumento, el PRI ha puesto sobre la mesa antecedentes internacionales en los que Washington ha utilizado mecanismos de sanción contra funcionarios extranjeros.
Moreno también adelantó que buscará internacionalizar todavía más el expediente y recurrir a organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, el PRI mantendrá abierta otra pista jurídica dentro de México mediante las impugnaciones correspondientes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La decisión de llevar el choque electoral mexicano ante autoridades estadounidenses abrió también cuestionamientos sobre los alcances políticos de la estrategia.
“Se me hace una exageración y una jugada política muy desesperada de parte de Alito. Meter a Estados Unidos en asuntos de nuestras instituciones electorales nada más demuestra que los políticos prefieren ventilar sus pleitos afuera antes que ponerse a trabajar en los problemas reales del país”, consideró Héctor Manríquez, empleado del sector administrativo.
El episodio coloca así al PRI y al INE en una confrontación que ya no solamente transita por tribunales y órganos electorales mexicanos.
Moreno decidió jugar la carta internacional y ahora busca que Washington revise la actuación de tres consejeros de una de las principales instituciones electorales del país.
