Por: Redacción
Ciudad de México.- El avance del crimen organizado sobre distintas regiones del país dejó de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una amenaza a las instituciones y a la vida democrática, advirtió Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al anunciar que ese instituto político impulsará una nueva estrategia en la materia.
“Cuando el crimen sustituye funciones del Estado o logra someter a quienes deberían combatirlo, estamos frente a una amenaza directa a nuestra democracia. No puede haber libertad donde gobierna el miedo, ni soberanía donde mandan los criminales”, señaló Romero.
El posicionamiento se produce después de que Grupo REFORMA difundiera los resultados del estudio ¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad, según el cual alrededor del 30 por ciento del territorio nacional presenta condiciones de control o “gobernanza efectiva” por parte de organizaciones criminales.
El análisis, con información al 25 de septiembre, considera factores que van más allá de homicidios y enfrentamientos, entre ellos cobro de cuotas, retenes ilegales, dominio de actividades económicas, restricciones a la movilidad y posibles mecanismos de influencia o cooptación de autoridades locales.
La radiografía señala además que otro 47 por ciento del territorio se encuentra en entidades clasificadas bajo condiciones de control compartido o disputado entre autoridades y organizaciones criminales, mientras 23 por ciento corresponde a estados donde existe predominio de las instituciones gubernamentales.
Ante este escenario, Romero rechazó que fenómenos como el cobro de piso, las restricciones a la movilidad o el desplazamiento de familias terminen incorporándose a la normalidad cotidiana de determinadas regiones.
El dirigente panista sostuvo que la dimensión del problema alcanza también el terreno institucional cuando existen señalamientos de protección, cooptación o influencia de organizaciones delictivas sobre funcionarios públicos.
Acción Nacional anunció que buscará impulsar una política de seguridad sustentada en fortalecimiento institucional, inteligencia, combate a las estructuras financieras de las organizaciones criminales y cero tolerancia frente a posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.
Por su parte, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, responsabilizó políticamente al oficialismo de la situación y acusó a Morena de haber establecido acuerdos con grupos criminales para obtener ventajas electorales.
“Morena pactó con el narco para ganar las elecciones y estas son las consecuencias. Miedo de salir a carretera y ser asaltado, miedo de abrir un negocio y ser extorsionado, miedo de salir de casa y no volver. El crimen no puede gobernar nuestras vidas. México merece seguridad y paz”, escribió la legisladora en redes sociales.
La acusación de Luna forma parte de la confrontación política entre PAN y Morena y, por sí misma, no constituye una determinación judicial sobre la existencia de esos presuntos acuerdos. Señalamientos similares han sido utilizados anteriormente por dirigentes y legisladores panistas en su discurso contra el partido gobernante.
El diagnóstico difundido por Grupo REFORMA coloca así el control territorial en el centro del debate sobre seguridad: no sólo por la presencia de organizaciones criminales, sino por su capacidad para intervenir en actividades económicas, condicionar la movilidad y disputar funciones que corresponden al Estado.
