Demanda en Texas podría agilizar decisión sobre DACA

Ya son tres los jueces que le ordenan al gobierno de Donald Trump
continuar con el programa que protege de la deportación a cientos de
miles de jóvenes inmigrantes. Ahora, una demanda presentada en Texas
que busca poner fin al programa podría crear un enfrentamiento
judicial que agilizaría la llegada del caso a la Corte Suprema.

El programa, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA por sus siglas en inglés), fue promulgado por Barack Obama.
Prevé la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que
residan sin autorización legal _que llegaron a Estados Unidos cuando
niños, traídos por sus familiares_, siempre y cuando no hayan sido
condenados por haber cometido delitos graves y siempre no se trate de
personas que representen una amenaza a la seguridad pública.

La decisión de anular el programa provocó protestas y un fallido
intento del Congreso para salvarlo. Expertos opinan que el máximo
tribunal se pronunciará sobre el tema inevitablemente, y que es sólo
cuestión de tiempo.

Josh Blackman, profesor de derecho del South Texas College of Law
Houston, estimó que la demanda de Texas, presentada el 1 de mayo, abre
“una vía rápida para llegar a la Corte Suprema”.

Si Texas, junto con otros seis estados, convencen a un juez de emitir
una orden a nivel nacional impidiéndole al gobierno seguir con el
DACA, ello contradiría las órdenes actuales de los magistrados de que
el gobierno debe parcialmente seguir respetando el programa. Ese es el
tipo de conflicto que generalmente dirime el máximo tribunal.

El tribunal ya ha terminado de escuchar argumentos antes de que
comience su receso veraniego, y es poco común que reabra los debates
antes de octubre. Pero si interviene, podría emitir instrucciones
interinas de carácter procedimental, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor
de derecho migratorio de la Universidad de Cornell. La demanda
presentada en Texas crea “más incertidumbre sobre lo que va a
ocurrir”, comentó.

El DACA, creado en el 2012, ya ha protegido a unos 800.000 jóvenes
inmigrantes que vinieron cuando niños a Estados Unidos y se quedaron
en el país ilegalmente. Los beneficiados del programa reciben
protección por dos años, que puede ser prorrogada.

Jueces en California y Nueva York han determinado que el gobierno
tiene que aceptar las renovaciones solicitadas por los participantes
actuales, pero no está obligado a recibir participantes nuevos. Un
juez en el Distrito de Columbia falló que el gobierno sí debe recibir
solicitudes nuevas, pero ese fallo ha quedado en suspenso hasta fines
de julio.

Si bien estas demandas desafiaron la decisión del gobierno de Trump de
descontinuar el DACA, la demanda presentada por Texas, Alabama,
Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental
busca ponerle punto final.

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