Juez emite fallo que podría dejar en libertad a Lula da Silva

Un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió un fallo
el miércoles que podría llevar a la liberación del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, quien está en prisión por cargos de corrupción.

Lula, encarcelado por corrupción

Lula fue encarcelado en abril luego de ser sentenciado a más de 12
años de prisión. El exmandatario, que enfrenta otros seis juicios por
supuesta corrupción, ha dicho en múltiples ocasiones que es inocente.

El juez Marco Aurelio Mello emitió el miércoles la decisión, que
suspende la aplicación de una ley que permite que los condenados por
corrupción estén encarcelados después de que su sentencia es
confirmada tras una primera apelación, como sucedió con Lula.

La decisión de Mello será analizada por el panel completo del Supremo
Tribunal Federal, que está dividido en cuanto a si se debe permitir
que los condenados permanezcan libres hasta que sus casos se resuelvan
por completo.

No está claro si podría salir libre

Aún no está claro si Lula podría ser puesto en libertad antes de que
el pleno del tribunal tome una decisión, lo que no sucederá hasta
principios del próximo año, ya que la corte entrará en receso el
miércoles.

Si la medida es ratificada, Lula podría estar en libertad hasta que se
agoten todas las apelaciones, un proceso que podría llevar varios
años.

Gleisi Hoffmann, quien lidera el izquierdista Partido de los
Trabajadores fundado por Lula, dijo a través de Twitter que la
agrupación política ya presentó solicitudes legales ante el máximo
tribunal del país para pedir la liberación de Lula.

Estudian la decisión

La oficina del fiscal general de Brasil dijo estar estudiando la
decisión de Mello y sopesando sus opciones.

Lula fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, un periodo marcado
por los altos precios de las materias primas y por políticas sociales
que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza.

El exmandatario lideró las primeras encuestas de cara a las elecciones
presidenciales de octubre pasado, alcanzando incluso a inscribir su
candidatura, pero finalmente no pudo estar en la papeleta por una ley
que prohíbe que políticos busquen cargos públicos si han sido
condenados por un delito y la sentencia ha sido confirmada en una
apelación.

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