Por: Jesús Quintero Seoane
Las palabras “traición a la patria” es una de las más duras condenas morales y jurídicas que puede enfrentar un ciudadano.
Por su severidad y gravedad, deben pronunciarse con prudencia.
No es de un descrédito político cualquiera. Entre las varias acepciones, traición a la patria implica atribuir a una persona una acción que atenta contra la nación y sus intereses fundamentales, aliándose con el enemigo.
El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado de ese delito por la Fiscalía General de la República (FGR) por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas, nos obliga a reflexionar sobre su significado y los límites del poder público. ¿Es un exceso, despropósito o absurdo acusar al exfiscal de traición a la patria?
El asunto tiene mucha tela de donde cortar. Ya se politizo. Pero reflexionaremos únicamente sobre lo que significa “traición a la patria”.
No tocare las distintas aristas que rodean el caso: que si eran agentes de la CIA encubiertos, que si la gobernadora no estaba enterada, que si la gobernadora traiciono a su exfiscal y lo entrego a la FGR, que si hubo pacto entre la gobernadora y la presidenta, que si lo que dijo una y lo que dijo la otra en su entrevista, que si ahora resulta que el exfiscal era corrupto, que si la Secretaría de la Defensa no se ha manifestado a pesar de que había elementos del ejército en el operativo, que si el PAN tampoco se ha expresado y defendido a la Gobernadora Maru Campós, que de traición a la patria en un inicio paso a heroína por combatir la delincuencia y ahora vuelve a ser traidora a la patria, que si fallaron una vez más los servicios de inteligencia del país, que si Morena esta siendo oportunista y exige juicio de traición a la patria, que ahora resulta que nadie sabía de la presencia de los agentes norteamericanos en el operativo y que si se violó la soberanía.
La cuestión de toda esta trama es la presencia de agentes extranjeros en operaciones de seguridad dentro de México, sin la debida autorización federal, que deriva en la acusación de traición a la patria Si hubo irregularidades en el procedimiento y se violentaron las disposiciones respectivas, deben investigarse y sancionarse.
Defender la soberanía es indispensable. También lo es impedir que su defensa se convierta en argumento para imputar una acusación tan grave a una persona.
La patria merece lealtad, sin duda. Pero también merece justicia. Es entonces razonable cuestionar la proporcionalidad de la acusación.
Pero entonces, ¿quién es un traidor a la patria?: ¿quién infringe una disposición administrativa? o ¿quién compromete deliberadamente, con intención, la independencia y la integridad de la nación?
No se trata de defender al exfiscal Jáuregui. Pero la respuesta o interpretación de quien traiciona a la patria no puede quedar al arbitrio de los gobiernos en turno ni de las simpatías partidistas.
Como pudiera ser que está sucediendo. Una cosa es violentar o incumplir normas sobre seguridad nacional, que es grave sin duda, y otra, muy distinta, es acusar y acreditar, sobre todo acreditar, el delito de traición a la patria, máxime si esta fue intencionada, aliándose con el enemigo para dañar al país.
Acusar a alguien de traicionar a la patria exige mucho más que una discrepancia política o una irregularidad administrativa, por grave que sea.
Defender la soberanía es indispensable, como también lo es impedir que la defensa de la patria se convierta en argumentos que extralimiten el poder público, con el implícito, inclusive, debilitamiento de las garantías individuales.
¿Es un exceso, despropósito o absurdo acusar al exfiscal de traición a la patria?
¿Usted qué opina?
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