Por Francisco Medina Guerrero
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, rompió el silencio y señaló directamente al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como quien presuntamente mantenía el control político y económico de contratos y proveedores durante la pasada administración estatal.
«No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda”, declaró Molina Gamboa en un video difundido este lunes en redes sociales, en el que pidió que las investigaciones no se concentren únicamente en funcionarios de menor nivel, sino que alcancen a quienes, según su versión, daban las instrucciones.
La exfuncionaria, quien encabezó la Secretaría de Salud entre 2017 y 2022, afirmó que decidió hacer pública su versión después de enfrentar denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante el sexenio anterior.
Molina Gamboa sostuvo que al asumir la dependencia se estableció una división de funciones: mientras ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos de Salud, el entonces gobernador tendría presuntamente el control de la proveeduría y de aquellos contratos considerados de interés económico o político, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
La ex secretaria aseguró además que recibió instrucciones para adjudicar contratos a empresas pertenecientes a los grupos Industrial Permar y Joser, que vinculó con el empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”.
De acuerdo con su testimonio, dichas instrucciones eran conocidas y supervisadas por Alejandro Aguilar Bowner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas.
Molina Gamboa cuestionó que las denuncias e investigaciones se hayan dirigido hacia servidores públicos subalternos y demandó revisar toda la cadena de mando para establecer quién ordenaba, autorizaba y controlaba las decisiones relacionadas con los contratos.
La ex secretaria, quien aseguró contar con más de 35 años de servicio público, también pidió que cualquier amenaza, intimidación o afectación contra ella o su familia sea analizada a partir de la denuncia que hizo pública.
Los señalamientos forman parte de la versión expresada por Molina Gamboa y deberán ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes, garantizando el derecho de las personas señaladas a responder a las acusaciones.
