Denuncian presunta venta de plazas y amenazas en IMSS Soto la Marina

17 Nov 2026 | Tamaulipas

Por: Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.– Un conflicto laboral que involucra a más de 130 trabajadores del Hospital Rural del IMSS en Soto la Marina encendió las alertas por denuncias de hostigamiento, presuntas irregularidades en la asignación de plazas y señalamientos de intervención política en la administración de la unidad médica.

Los inconformes aseguran que durante más de cinco meses han solicitado atención a sus demandas sin obtener resultados. También denuncian amenazas y presiones laborales, por lo que pidieron la intervención de autoridades federales y representantes sindicales.

Entre los funcionarios señalados aparecen Guadalupe Guevara Díaz, encargada de la Dirección del hospital, y Adolfo Flores García, jefe de Enfermería. Los trabajadores les atribuyen presuntas decisiones arbitrarias, prácticas de nepotismo y posibles incumplimientos del Contrato Colectivo de Trabajo.

La controversia también alcanza a la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, a quien los denunciantes atribuyen una supuesta intervención en decisiones internas del hospital.

Según los testimonios, Guevara Díaz y Flores García ocuparon anteriormente cargos en la administración municipal. Además, Guadalupe Guevara figura como suplente de Jiménez Vázquez, circunstancia que los inconformes consideran un posible conflicto de interés.

Sin embargo, estos vínculos políticos y laborales no constituyen por sí mismos evidencia de alguna irregularidad.

Uno de los principales cuestionamientos corresponde a la asignación de 12 plazas anunciadas para enero, entre ellas seis de Enfermería General.

Los denunciantes aseguran que existirían intermediarios que ofrecen gestionar contrataciones a cambio de pagos de hasta 150 mil pesos. Hasta el momento, estos señalamientos requieren una investigación oficial que permita determinar su veracidad.

También cuestionan que trabajadores con cinco y seis años de antigüedad continúen esperando oportunidades de promoción, mientras otros empleados acumulan hasta 18 años de servicio sin acceder a determinados concursos de plazas.

Por ello, solicitaron conocer las convocatorias, los criterios de selección y las autorizaciones correspondientes a las nuevas contrataciones.

En las denuncias también aparece el nombre de Rosy García Guerra, identificada por los trabajadores como una presunta intermediaria vinculada con trámites de contratación en Ciudad Victoria. Su participación y los supuestos cobros no han sido acreditados por una autoridad competente.

Como parte de sus señalamientos, los empleados aseguran contar con documentos, capturas de pantalla y una grabación relacionada con Bryan Abel Martínez García, mencionado entre los posibles beneficiarios de las contrataciones.

En el audio, cuya autenticidad no ha sido verificada de manera independiente, se escucha la expresión: “Ya todos saben que vamos a entrar”.

No obstante, la grabación no demuestra que se haya realizado algún pago irregular.

El personal también denuncia la instalación de cámaras con audio y video, presuntamente ajenas al sistema institucional, así como restricciones de acceso mediante candados y posibles amenazas contra quienes manifiestan inconformidades.

Los trabajadores afirman haber presentado sus quejas ante las secciones X y XIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sin recibir hasta ahora una solución satisfactoria.

La situación genera preocupación por la importancia del hospital para Soto la Marina. La unidad dispone de cuatro consultorios de Medicina Familiar y uno de especialidades, donde se ofrecen servicios de Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Nutrición, Odontología y Cirugía.

De acuerdo con el personal, el área de especialidades atiende diariamente entre 40 y 43 pacientes, incluidos usuarios sin cita previa. Los inconformes advierten que la carga de trabajo exige fortalecer la plantilla y garantizar condiciones laborales adecuadas.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Américo Villarreal Anaya y del director general del IMSS, Zoé Robledo.

También demandaron una revisión transparente de las contrataciones, protección contra represalias y una investigación sobre la presunta participación de funcionarios municipales en decisiones administrativas del hospital.

Los señalamientos deberán ser esclarecidos mediante investigaciones formales y con respeto al derecho de respuesta de las personas involucradas.

El conflicto coloca bajo escrutinio los procedimientos de contratación, las condiciones laborales y la operación de una institución fundamental para la atención médica de Soto la Marina.

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