Por: Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas citará a declarar a los representantes legales de la empresa DALKA, en el marco de la carpeta de investigación FGJT/FECC/00076/2025, por posibles inconsistencias en sus declaraciones ante una autoridad administrativa, lo que podría configurar el delito de falsedad en declaración.
“El objetivo es esclarecer con precisión los hechos relacionados con la presentación de pólizas de garantía y las fechas en que estas fueron supuestamente entregadas”, señalaron fuentes de la Fiscalía para Llamas Comunicación.
De acuerdo con las investigaciones, DALKA firmó un contrato con el Gobierno del Estado el 15 de marzo de 2023 para la venta de más de un millón y medio de despensas, con la obligación de presentar las pólizas de garantía en un plazo de cinco días. Sin embargo, al no cumplir con esta obligación en tiempo y forma, el contrato fue rescindido y asignado posteriormente al Gobierno federal.
En junio de 2023, la empresa presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, asegurando que las pólizas fueron entregadas al momento de firmar el contrato, y anexando copias de las mismas. No obstante, las autoridades estatales, al no tener conocimiento previo de dichos documentos, denunciaron la posible falsedad ante la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación posterior reveló que las pólizas exhibidas habrían sido generadas por la afianzadora hasta el 11 de abril de 2023, es decir, 27 días después de la firma del contrato. Esto contradice la afirmación de la empresa de haberlas presentado el 15 de marzo, lo que constituye el centro del caso.
El Tribunal de Justicia Administrativa resolvió reponer el procedimiento de rescisión del contrato para garantizar el debido proceso, permitiendo a DALKA una nueva comparecencia. Sin embargo, la empresa deberá aclarar cómo fue posible aportar pólizas con fecha posterior a la firma del contrato, y por qué aseguró en sede judicial haberlas entregado anticipadamente.
El caso, que involucra recursos públicos y posibles documentos apócrifos, se convierte en una prueba para el sistema anticorrupción de Tamaulipas y un precedente sobre la vigilancia de los contratos celebrados con entes privados.