Advierte Auditor Superior posibles sanciones penales por anomalías en cuentas públicas

9 Abr 2025 | Tamaulipas

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
Tamaulipas enfrenta un momento crítico en materia de rendición de cuentas, advirtió el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, al señalar que alcaldes, tesoreros y síndicos de diversos municipios podrían ser sancionados con medidas severas —incluida la prisión preventiva— si no solventan las observaciones millonarias a sus cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2023.

En rueda de prensa ofrecida esta mañana, el funcionario precisó que las observaciones detectadas por la Auditoría Superior se dividen en dos tipos: aquellas que podrían constituir un quebranto económico directo al erario, y otras vinculadas a responsabilidades administrativas.

“Las observaciones son un llamado a corregir el rumbo. Si no se atienden en tiempo y forma, se convierten en un proceso legal con consecuencias muy serias”, subrayó Noriega Orozco frente a representantes de medios de comunicación.

El plazo para subsanar irregularidades concluye el próximo 26 de abril. A partir de entonces, la Auditoría cuenta con hasta 120 días para emitir un pronunciamiento final, que podría incluir la integración de carpetas de investigación cuando se presuman actos de corrupción.

Como ejemplo de lo que está en juego, el Auditor mencionó el caso del exalcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, cuyas cuentas públicas correspondientes a su último año de gestión han sido objeto de observaciones graves. Si bien el proceso sigue en etapa de revisión, el expediente ha despertado especial atención por el volumen de recursos involucrados y la complejidad de las operaciones señaladas.

En los casos más delicados, los expedientes serán turnados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que otras observaciones con implicaciones administrativas se canalizarán al Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí, las sanciones podrían ir desde la destitución del cargo hasta la prisión preventiva, dependiendo de la gravedad de las faltas.

El mensaje fue contundente: la rendición de cuentas no es opcional y los responsables del manejo de recursos públicos deben asumir su papel con seriedad y transparencia.

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