Jesús Quintero Seoane
A los ya varios frentes que tiene nuestro país frente a Estados Unidos —entiéndase el gobierno del presidente Trump—, se abre un nuevo conflicto.
El gobierno de Donald Trump pretende imponer restricciones a la carga aérea desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y ante este amago, México denuncia que se trata de una medida política.
Un rápido recuento: el 19 de julio, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), impuso restricciones a los vuelos de carga mexicana procedentes del AIFA, señalando que la medida busca corregir un trato “injusto” hacia sus aerolíneas.
En esa fecha, el secretario del DOT, Sean Duffy, afirmó:
“Joe Biden y Pete Buttigieg (secretario del DOT con Biden) permitieron deliberadamente que México rompiera nuestro acuerdo… Eso se acaba hoy. Que estas acciones sirvan como advertencia… ‘America First’, que significa luchar por la equidad”.
Además, se contempla la posibilidad de retirar la alianza que actualmente se conforma entre Delta y Aeroméxico.
El DOT sostiene que México violó el Acuerdo Aeroportuario de 2015 al forzar a las aerolíneas de carga —no solo estadounidenses— a trasladarse del AICM al AIFA en 2023, derivado del decreto presidencial de López Obrador que ordenaba dicho traslado de forma obligatoria, favoreciendo, según el DOT, a operadores mexicanos.
En respuesta, el gobierno estadounidense exige como medida de represalia que las aerolíneas mexicanas presenten con antelación sus horarios o slots para su autorización ante las autoridades aeronáuticas de ese país.
Además, los vuelos chárter de carga estarán sujetos a revisión previa.
El presidente Trump ha intentado justificar la medida argumentando que el AIFA “no cumple con los estándares internacionales de seguridad en el manejo de carga” y ha insinuado posibles vínculos con actividades ilícitas.
No obstante, expertos en aviación señalan que no existe evidencia verificable que respalde tales acusaciones.
Ha trascendido que funcionarios mexicanos de primer nivel han expresado:
“Es una narrativa sin sustento técnico, pero con un fondo político y comercial”.
Y agregan: “Se trata de una represalia comercial disfrazada de medida de seguridad”.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió:
“No hay razón alguna para sancionar a la aviación mexicana… esto se basa en la seguridad”, y anunció la instalación de una mesa de diálogo con autoridades estadounidenses y líneas aéreas, la cual estará abierta durante un mes en busca de una solución, aunque difícilmente llegará sin que México tenga que ceder en algo.
Eso, sin duda. Pronto lo veremos: es la estrategia de las “negociaciones Trump”.
Este amago parece una medida de presión anticipada al proceso de revisión del T-MEC en 2026, más que una cuestión técnica o de seguridad.
Estados Unidos busca asegurar ventajas de cara a futuras negociaciones. Trump convierte al AIFA en un nuevo foco de conflicto bilateral.
Si bien la seguridad aeroportuaria es el argumento oficial, todo apunta a una estrategia proteccionista con impacto directo en la industria y el comercio entre ambos países.
México ha respondido buscando el diálogo, pero el tiempo corre y la aviación mexicana está en vilo.
Esto va más allá de la controvertida decisión de López Obrador de llevar la operación carguera del AICM al AIFA, una medida que, en efecto, buscó beneficiar a una de sus obras emblemáticas, sin contemplar suficientemente el impacto comercial para las aerolíneas y para la economía en general.