Por: Redacción
Ciudad de México.- La postura pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa del gobierno de Nicolás Maduro reabre un expediente que permanece sin aclaración desde noviembre de 2015, cuando la Aviación Militar Bolivariana destruyó un avión privado con matrícula mexicana sin que hasta hoy exista una explicación oficial completa sobre el destino de su tripulación.
“A la presidenta se le olvida que Venezuela derribó un avión mexicano y nunca dio una aclaración”, señalaron a Llamas Comunicación analistas del sector aéreo al recordar que el caso generó en su momento una nota diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin que el gobierno venezolano transparentara responsabilidades ni resultados de la investigación.
De acuerdo con información oficial difundida entonces por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada venezolana, la aeronave Hawker Siddeley HS-125-400, matrícula XB-MGM, fue interceptada e inutilizada, tras ingresar sin autorización al espacio aéreo de ese país.
El entonces jefe del comando, Vladimir Padrino López, informó que el avión fue localizado a siete millas náuticas al norte de Buena Vista del Meta, en el estado de Apure, zona fronteriza con Colombia, y difundió imágenes de la aeronave destruida sin detallar la situación de los tripulantes.
La Cancillería mexicana solicitó el esclarecimiento del incidente a través de la Embajada de México en Venezuela y pidió información con prontitud, al confirmarse que la aeronave tenía registro oficial en Monterrey, Nuevo León, tras haber sido exportada desde Texas en 2007, según datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
El jet, construido en 1978 y con capacidad para siete pasajeros, fue uno de varios aparatos derribados en Apure bajo el argumento de combatir el narcotráfico, dentro de la llamada Operación Boquete, implementada por el Ejército venezolano desde dos mil siete.
En ese contexto, el propio Nicolás Maduro afirmó públicamente que su gobierno había derribado treinta aeronaves presuntamente vinculadas con el narcotráfico, amparado en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo aprobada por la Asamblea Nacional.
“Vamos a combatir con todo”, declaró Maduro en cadena nacional, sin que en ninguno de los casos reportados se informara oficialmente sobre el destino de las tripulaciones, un vacío que mantiene abiertas dudas jurídicas y humanitarias.
Hoy, a casi una década del derribo del avión mexicano, el caso vuelve a la agenda pública en un momento en que la política exterior mexicana busca reposicionarse en América Latina, dejando sobre la mesa la necesidad de coherencia, memoria institucional y defensa clara de la soberanía y la seguridad de connacionales.


