Por Jesús Quintero Seoane
Hemos comentado que en 1998 comenzó una nueva era del sistema aeroportuario mexicano con la privatización/concesión de las terminales aéreas que administraba Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y se crean los Grupos Aeroportuarios privados que ya comentamos, conocidos coloquialmente como OMA, GAP y ASUR, más el de la Ciudad de México. Se ha dicho, y con razón, que la iniciativa de concesionar los aeropuertos que operaba el Estado permitió fuertes inversiones para modernizar los aeropuertos, unos más que otros, pero sin duda, el gobierno desde ese entonces no habría podido inyectar dinero público para modernizar la infraestructura en las terminales aéreas, como sucedió con el capital privado.
A partir de ese año, la red de aeropuertos ASA, como se conoce, se empieza a desarticular. En 2001, y por 10 años, el aeropuerto de Puebla se concesionó al estado de Puebla mediante la empresa Operadora Estatal de Aeropuertos. Concesión que se revirtió, regresando la terminal aérea a la RED ASA en diciembre de 2011, por una decisión del gobierno del estado y pugnas políticas al interior del estado, que mantenían al aeropuerto en pésimas condiciones operativas. Posteriormente, en noviembre de 2004, el aeropuerto de Querétaro dejó de pertenecer a ASA y, a partir de entonces, opera en una modalidad de coinversión entre el gobierno del Estado de Querétaro, con el 75%, y ASA, el 25%. Dos años después, en junio de 2006, el aeropuerto de Toluca pasa a la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, con participaciones del 49% de la empresa española OHL, 26% del gobierno del Estado de México y 25% de ASA. Ese mismo año se crea el Grupo Aeroportuario de Chiapas, y se le concesiona el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, con el 51% de participación del gobierno del estado y 49% de ASA. Finalmente, el aeropuerto de Cuernavaca fue concesionado en 2008 a la Sociedad Aeropuerto de Cuernavaca, constituida por el gobierno del Estado de Morelos y ASA.
Durante casi 25 años, el sistema aeroportuario mexicano operó sin mayores contratiempos. Su privatización permitió que se ampliaran los aeropuertos, mejorándose su infraestructura operacional y de seguridad, con mejores y modernos equipos e instalaciones, y un mayor desarrollo de los servicios comerciales en los propios aeropuertos. ASA, por su parte, hizo lo propio con los 19 aeropuertos que quedaron bajo su administración y los mantuvo en las mejores condiciones operativas y de seguridad: Chetumal, Ciudad Obregón, Ciudad del Carmen, Colima, Campeche, Ciudad Victoria, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nuevo Laredo, Nogales, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Ixtepec, Tehuacán, Tamuín, Tepic y Uruapan. Aeropuertos en su mayoría poco rentables y, en consecuencia, subsidiados, pero indispensables para mantener la conectividad de ciudades, capitales y regiones del país. Asimismo, la paraestatal fortaleció otras funciones relacionadas con la capacitación e instrucción a nivel internacional, asesoría y consultoría, y construcción de aeropuertos y, desde luego, conservó el estratégico almacenamiento y suministro de combustible para las aeronaves, que es también un tema de seguridad nacional.
De acuerdo con datos de 2022, los grupos aeroportuarios privados se quedaron con el 66% de las operaciones nacionales.