Por Dan Llamas
Ciudd de México.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició acciones para investigar una posible exposición de datos personales relacionada con un sistema presuntamente vinculado con Aeroméxico, luego de detectar en internet una base que contendría más de 15 millones de registros.
«Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”, informó la dependencia federal.
La alerta surgió como parte de un monitoreo forense de posibles incidentes de seguridad, mediante el cual la autoridad localizó una publicación difundida en Telegram el 18 de septiembre de 2026.
En ella, un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico, con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB.
De acuerdo con la información oficial, los archivos contendrían datos como nombre completo, correo electrónico, números telefónicos y celulares, fecha de nacimiento y fecha de alta.
Como parte de las primeras diligencias, la Secretaría obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros que contiene esos mismos campos. Entre la información localizada aparecen nombres de diversas personas, incluidas figuras públicas y servidores públicos.
Hasta ahora, la autoridad no ha establecido que la información proceda efectivamente de los sistemas de Aeroméxico ni ha determinado responsabilidades, por lo que será la investigación la que deberá establecer el origen de la base y las circunstancias de su posible exposición.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que actuará con base en sus facultades para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La investigación se sustentará, entre otras disposiciones, en los artículos 54 y 55 de esa legislación, además de las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la dependencia.
La autoridad federal aseguró que, en caso de iniciarse el procedimiento correspondiente, actuará con apego a derecho y bajo el principio de protección del interés público.
El caso coloca bajo revisión un volumen considerable de información personal: más de 15 millones de registros presuntamente vinculados con una de las principales aerolíneas del país, aunque su procedencia y autenticidad deberán ser determinadas oficialmente durante la investigación.
