Amenaza de bomba en vuelo de Volaris fue una broma

Una broma vía telefónica, aparentemente perpetrada por un menor de
edad, estuvo detrás de la amenaza de bomba que provocó la activación
de un plan de contingencia para el vuelo 965 de Volaris, que mantuvo
retenidos a 176 pasajeros y seis tripulantes durante más de 3 horas en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Y es que, tras una revisión exhaustiva a la aeronave Airbus A320-233
matrícula N515VL, que aterrizó sin problemas este domingo alrededor de
las 17 horas proveniente del aeropuerto de San Antonio, Texas, se
comprobó que no había ningún artefacto explosivo en el baño de la
cabina de pasajeros, como se creyó en un principio.

Ante tales hechos, la aerolínea exigió desde sus redes sociales a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) y al AICM que castiguen con todo el peso de
la ley a quien resulte responsable. “No actuar es permitir que esto
continúe sucediendo”, se puede leer en la cuenta oficial de Twitter de
la compañía.

Luis Gerardo Fonseca, titular de la DGAC, confirmó que lo sucedido
este 25 de noviembre pudiera constituir un ataque a las vías generales
de comunicación y que impone una pena de uno a cinco años de prisión y
de cien a diez mil días multa, según el artículo 167, fracción IX, del
Código Penal Federal.

“Por lo anterior corresponde al Ministerio Público Federal llevar a
cabo la investigación correspondiente y, en su caso, solicitar el
ejercicio de la acción penal contra quien resulte responsable”,
explicó Fonseca vía correo electrónico.

Por su parte, Miguel Ángel Ocampo, titular de la Dirección de
Seguridad de la Aviación Civil en la DGAC, detalló en entrevista con
A21 que este tipo de situaciones se presentan con frecuencia en los
aeropuertos, aunque omitió dar cifras estadísticas del AICM por
tratarse de información confidencial y dada la naturaleza sensible que
éstas implican.

Consideró que lo más importante de la investigación no es su carácter
punitivo, sino que se puedan emitir recomendaciones que refuercen la
seguridad aérea.

En tanto, Manuel de la Torre, abogado especializado en legislación
aeronáutica, señaló que este suceso se trató de un acto de
interferencia ilícita.

“Si bien no sucedió nada, es un acto que puede equipararse a una
cuestión terrorista: una persona que amenaza que hay una bomba pone en
peligro al aeropuerto, a la aerolínea y a los pasajeros, con posibles
muy graves consecuencias”, apuntó.

El experto señaló que en este caso podría hacerse efectiva una demanda
por daño moral de parte de la aerolínea hacia el perpetrador de la
broma, aunque no es tan sencillo que prospere.

“Primero, se debe determinar al infractor (nombre y apellido de la
persona); Segundo, hacer una cuantificación de los daños que el suceso
conlleve, que esté sustentada por medio de peritajes u algún otro
medio de prueba”.

El abogado concluyó que, en un momento dado, los mismos pasajeros
podrían entablar una demanda por daños y perjuicios hacia la aerolínea
por las fallas en sus procedimientos de seguridad, aunque igualmente
se deberán de proporcionar las pruebas que justifiquen y cuantifiquen
la afectación.

Alertas de bomba: suceso común

Por su parte, Ocampo explicó que la dirección a su cargo registra cada
alerta (conocidas como “Timo” o “Vaga”) reportada por los operadores
aéreos a lo largo de todo el año. Esta clasificación se adjudica a
todo aviso de amenaza que brinda información muy limitada como para
que genere una preocupación que active algún operativo de seguridad.

No es sino hasta que se presenta una alerta confirmada, es decir,
cuando se plantean más detalles que hacen sospechar de la veracidad
del hecho (una aeronave específica, destino, hora, número de
tripulantes, etcétera), cuando se activa el plan de contingencia en
donde se evacua a los pasajeros y, de ser posible, se lleva a la
aeronave a un punto seguro, como ocurrió en el vuelo 965 de Volaris.

Ocampo añadió que en todos los Timos se notifica a las autoridades y
al Servicio de Tránsito Aéreo para supervisar de forma somera las
información proporcionada por las “llamadas de broma”, a modo de que
estas, en efecto, no trasciendan.

Por ejemplo, si alguien llama a un operador para alertar de un
artefacto explosivo en un vuelo con destino a Cancún –sin dar más
detalles–, se notifica a todos los vuelos que van en esa dirección
estar pendientes, sin activar propiamente el plan de contingencia.

Para verificar la autenticidad de una amenaza de explosivos, los
operadores disponen de un formato especialmente diseñado para atender
llamadas de este tipo. En él se tiene un checklist donde se pide
especificar detalles como los sonidos de fondo detectados durante la
llamada, el tono de voz del emisor, entre otras cosas.

Lo anterior está establecido en normativas internacionalmente
reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), y que son compatibles tanto con el Anexo 17 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional como con el Programa Nacional de
Seguridad Aeroportuaria de nuestro país.

Normativas y acciones

Respecto a los actos de interferencia ilícita, la OACI los define como
las acciones o tentativas destinadas a “comprometer la seguridad de la
aviación civil”, incluyendo:

“Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una
aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros,
tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el
recinto de una instalación de aviación civil”.

En cuanto a la legislación mexicana, el artículo 152 fracción XI del
Reglamento de la Ley de Aeropuertos señala que es facultad del
aeródromo el contar con un plan de emergencia que contemple las
medidas y procedimientos para hacer frente a este tipo de actos.

No obstante, una vez que éstos se presentan, el mismo Reglamento
establece que el responsable del llamado “centro operativo de
emergencia” será designado por la Secretaría de Gobernación (artículo
166, tercer párrafo).

“A quién le corresponde atender a los pasajeros y tranquilizar
respecto a la seguridad es la aerolínea. El aeropuerto sólo coordina a
las autoridades correspondientes para que hagan la investigación del
suceso”, expresó Santiago Argüero, vocero de AICM.

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