Por: Yessica Aupart
La Ciudad de México vivió otra jornada intensa: más de nueve manifestaciones coincidier on en distintos puntos de la capital, recordándonos que, pese al desgaste social y al intento constante por normalizar la indignación, la ciudadanía sigue encontrando razones para salir a las calles.
Desde las 11:00 horas, la Glorieta de las Mujeres que Luchan volvió a convertirse en un epicentro simbólico del hartazgo colectivo con la instalación de un tendedero de denuncias que, como cada vez que aparece, exhibe esa verdad incómoda: la violencia contra las mujeres no se ha detenido y la impunidad sigue siendo la regla.
Estas protestas no son un hecho aislado.
Forman parte de una evolución profunda en la cultura política del país que ha encontrado en la generación Z a un nuevo motor de movilización.
Se trata de jóvenes que crecieron desconfiando de las instituciones, que asumieron las redes sociales como trincheras y que entienden la protesta no sólo como un derecho, sino como una herramienta legítima para disputar narrativas y exigir transformaciones. Generación que no espera permiso para alzar la voz y que ya no le teme a incomodar.
Contrastan con generaciones anteriores, más acostumbradas a la estructura y al liderazgo formal.
Las y los jóvenes de hoy irrumpen sin pedir autorización, sin liderazgos únicos, sin agendas lineales.
Sus marchas son más disruptivas, más emocionales, más performáticas.
Y aunque a veces se les acusa de “exagerados”, “radicales” o “desordenados”, lo cierto es que han logrado algo que parecía imposible: romper la indiferencia.
Cada movilización revela una herida social abierta la violencia de género, la discriminación, la inseguridad, la desigualdad que no se resolverá pidiendo calma ni “buenas maneras”.
Ante estas expresiones de descontento, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha optado por mostrar una postura pública de apertura hacia las marchas pacíficas, especialmente aquellas encabezadas por mujeres y jóvenes.
La presentación del Plan de Acción Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, respaldado por las y los 31 gobernadores, intenta enviar un mensaje: el Estado reconoce la gravedad del problema y se compromete a combatirlo.
Pero en política, los gestos se miden por sus resultados.
Los anuncios oficiales pueden sonar bien, incluso esperanzadores, pero el país está cansado de diagnósticos y compromisos simbólicos.
La ciudadanía quiere ver políticas que cambien la vida cotidiana de las mujeres: investigaciones que sí avancen, agresores sancionados, policías y ministerios públicos capacitados, refugios dignificados, prevención real.
De nada sirve un plan nacional si en la calle sigue predominando la indiferencia institucional.
La tensión entre gobierno y manifestantes no desaparecerá pronto, y quizá no debería.
Las sociedades democráticas necesitan voces que desafíen, que cuestionen, que incomoden.
Las movilizaciones de mujeres y jóvenes no buscan permiso: buscan justicia.
Y mientras la violencia persista, mientras la desigualdad siga marcada en los cuerpos y las calles, las protestas continuarán.
Es responsabilidad del gobierno garantizar que esas voces puedan expresarse en libertad y seguridad.
Pero es responsabilidad de toda la sociedad escuchar lo que esas voces están diciendo.
Porque la verdadera transformación no se construye silenciando a quienes gritan, sino atendiendo aquello que los obliga a levantar la voz.


