Una falla estructural en la seguridad presidencial que no puede ignorarse

17 Nov 2025 | Opinión

Por Jesús Quintero Seoane

Estimado lector, considero necesario e importante regresarme unos días para comentar el reciente episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, que generó una ola de indignación pública. El acto, condenable desde cualquier ángulo, ha sido abordado desde múltiples narrativas: la violencia de género, la exposición mediática, e incluso la sospecha de montaje como distractor del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan. Sin embargo, más allá del argumento de violencia y acoso que se generó —que no tiene discusión— y del “sospechosismo” de un montaje que tampoco me meteré a comentar, me centraré ahora, asumiendo que no hubo dicho montaje, en el incidente mismo, que estaría revelando en todo caso una falla estructural que merece atención crítica: la seguridad presidencial.

El hecho ocurrió mientras la presidenta Sheinbaum caminaba desde Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública, saludando a simpatizantes. En ese trayecto, un individuo logró acercarse, tocarla e intentar besarla sin que ningún elemento de seguridad lo impidiera. Las imágenes muestran que el sujeto estuvo a centímetros de la presidenta durante varios segundos, sin que se activara un elemental protocolo de seguridad de contención inmediata. Este vacío operativo no solo expuso a Sheinbaum a una agresión física fatal, sino que evidenció una vulnerabilidad inadmisible en el contexto de la seguridad presidencial e, inclusive, catalogarse como un tema de seguridad nacional.

Desde la disolución del Estado Mayor Presidencial en noviembre de 2018 —si bien no se conoce una formalidad jurídica en el rediseño de la protección del Ejecutivo— esta quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. No obstante, tras el incidente, SEDENA no ha emitido pronunciamiento alguno, lo cual es inadmisible, ni ha ofrecido una revisión pública de los protocolos aplicados ese día. El silencio institucional contrasta con la gravedad del hecho: si un ciudadano pudo vulnerar el perímetro de protección física de la presidenta —que se asume, por lógica, controlado— ¿qué garantías existen frente a una amenaza más sofisticada que podría ser incluso planeada?

La presidenta ha declarado que mantendrá un equipo de seguridad reducido, en línea con su estilo cercano a la ciudadanía. Esta decisión, aunque políticamente simbólica, no exime al Estado de su deber de protección ni a la presidenta de actuar con responsabilidad institucional. La seguridad presidencial no es un privilegio ni una decisión personal, sino un componente fundamental de seguridad nacional. Su debilitamiento, por razones ideológicas, de tinte populista o de justificación de ahorro presupuestal, puede tener consecuencias graves de inestabilidad política, sobre todo en las condiciones de violencia que vive el país.

El incidente también puso en entredicho la eficacia de la ayudantía civil que acompaña a la presidenta. Si bien su función es de logística y apoyo, no sustituye la capacidad táctica de un cuerpo entrenado para neutralizar amenazas en tiempo real. El acercamiento del agresor —lejos de manejarse como un incidente aislado al que se le dio únicamente la connotación de acoso— revela una falla de contención y reacción operativa en materia de seguridad del Ejecutivo.

En este contexto, se amerita una revisión crítica de los protocolos de seguridad presidencial, así como una explicación por parte de SEDENA. La ciudadanía tiene derecho a saber si el Estado está cumpliendo con su deber de proteger a quien encabeza el Poder Ejecutivo. Y la presidenta, como figura institucional, merece una seguridad proporcional a los riesgos inherentes a su investidura, pero también debe actuar con la responsabilidad que corresponde a su cargo. No es una decisión personal.

No se trata de blindarla con muros ni escoltas excesivas, sino de garantizar que el gobierno no sea sorprendido por su propia negligencia o por una posición ideológica mal entendida de que “el pueblo me protege”, que —como quedó evidenciado— el pueblo no protegió a Claudia Sheinbaum.
Si la seguridad presidencial falló en lo básico, ¿qué sucedería frente a una amenaza mayor?
¿Usted qué opina?

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