Por: Yessica Aupart
Durante décadas en México se instaló una verdad tan cínica como evidente: los ricos podían evadir o esquivar el pago de impuestos, mientras el resto del país cargaba con la responsabilidad fiscal.
Las grandes empresas amparadas en un aparato legal hecho a su medida, en la lentitud institucional y en una cultura de privilegios gozaron de un margen de maniobra que les permitió posponer, reducir o simplemente evitar el pago completo de sus obligaciones tributarias.
Esa era, aunque no está del todo enterrada, comienza a resquebrajarse.
El SAT, desde el sexenio anterior y con continuidad en el actual, ha demostrado que cuando hay voluntad política, rigor jurídico y fortalecimiento institucional, la recaudación deja de ser un acto simbólico y se convierte en un ejercicio real de justicia fiscal.
No es casual que empresas como Walmart, FEMSA, Grupo Modelo y América Móvil hayan desembolsado miles de millones de pesos para ponerse al día con el fisco.
Estos resultados, por sí solos, ya habían marcado un cambio de época.
Pero el caso que hoy ocupa el foco público es aún más significativo:
el de Grupo Elektra y su propietario, Ricardo Salinas Pliego, cuya disputa fiscal lleva más de veinte años en tribunales y cuyo adeudo según resoluciones oficiales supera los 33 mil millones de pesos, cifra que con recargos e intereses podría ascender a más de 50 mil millones.
La decisión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar un amparo de la empresa y dar paso al cumplimiento de las resoluciones fiscales, tiene un profundo valor simbólico y jurídico.
Simbólico, porque rompe con la idea de que las élites empresariales pueden eternizar juicios para evitar pagar lo que deben. Jurídico, porque confirma que el marco legal puede y debe aplicarse sin distinción de poder económico.
Es justicia fiscal, no persecución.
Es Estado de derecho, no revancha política.
Mientras tanto, la paradoja económica persiste: México recauda como nunca, pero también se endeuda como nunca.
La deuda pública supera los 18 billones 827 mil millones de pesos, un recordatorio incómodo de que aumentar ingresos no basta si el gasto público crece a un ritmo igual o mayor.
Sin embargo, el fortalecimiento del SAT y la postura más firme del Poder Judicial frente a las grandes corporaciones al menos abren la puerta a una normalidad que debía existir desde siempre: que todos paguen impuestos, incluidos quienes históricamente encontraron la manera de no hacerlo.
La justicia fiscal no resuelve todos los problemas del país, pero sí corrige una de sus inequidades más arraigadas.
Y si el caso Salinas Pliego llega a concluir con el pago total del adeudo, no solo sería un récord de recaudación: sería la confirmación de que, en México, la ley empieza a valer lo mismo para todos.


