Si no es Juana, es Chana, El Plan B
Por: Juan José Ruvalcaba
La reforma electoral constitucional no pasó.
Los votos no alcanzaron en la Cámara de Diputados y el proyecto se detuvo donde se detienen todas las reformas en México cuando no hay mayoría calificada: en el tablero electrónico del pleno.
Pero la historia no terminó ahí.
Horas después de la derrota legislativa comenzó a circular lo que en política ya se conoce como el “Plan B”: una estrategia para modificar el sistema electoral sin tocar la Constitución.
La lógica es simple.
Si no se pueden cambiar los artículos constitucionales, se cambian las leyes secundarias.
Y ahí la aritmética parlamentaria es distinta.
Mientras las reformas constitucionales requieren mayoría calificada —dos terceras partes del Congreso—, las leyes ordinarias pueden aprobarse con mayoría simple.
Ese cambio de terreno altera completamente el escenario político.
Lo que no pudo aprobarse por la vía constitucional podría intentar aprobarse ahora mediante modificaciones legales al funcionamiento de las autoridades electorales, el financiamiento de partidos o la operación administrativa del sistema electoral.
Para el oficialismo, el argumento es claro:
la reforma busca reducir costos del sistema electoral y ajustar reglas que consideran excesivas.
Para la oposición, el diagnóstico es completamente distinto:
sostienen que el objetivo real es debilitar contrapesos institucionales y concentrar poder político.
Ese choque de narrativas no es nuevo.
La discusión sobre el sistema electoral mexicano lleva años instalada en el debate público y cada elección reabre el mismo dilema:
si el modelo actual garantiza equilibrio democrático o si necesita una reingeniería profunda.
Pero el episodio reciente dejó algo más importante que el contenido de la reforma.
Dejó claro el límite político del gobierno en el Congreso.
Sin mayoría calificada, cualquier intento de modificar la Constitución exige negociación con la oposición.
Y esa negociación, al menos por ahora, no existe.
Por eso aparece el Plan B.
Una salida legislativa que intenta avanzar por otra vía cuando la puerta principal se cerró.
El problema es que el terreno jurídico también cambia.
Las reformas constitucionales son más difíciles de aprobar, pero también más difíciles de impugnar.
Las leyes secundarias, en cambio, pueden terminar rápidamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se considera que invaden facultades constitucionales.
Es decir, la batalla política podría trasladarse ahora al terreno judicial. En otras palabras: La reforma electoral no murió.
Simplemente cambió de estrategia y cuando eso ocurre en la política mexicana, la discusión apenas comienza.


