Plataforma Central de Inteligencia: ¿el nuevo Leviatán digital del Estado mexicano?

2 Nov 2025 | Opinión

Por: Jesús Quintero Seoane

En julio de 2025, el Congreso aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una reforma ambiciosa y controvertida del gobierno actual.

El corazón de esta ley es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia (PCI), un sistema que será operado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que tendrá acceso legal a más de 22 bases de datos públicas y privadas, con el propósito —se dice— de fortalecer la “inteligencia preventiva estratégica” contra el crimen organizado.

Detrás de esta plataforma de inteligencia se esconde una arquitectura de vigilancia sin precedentes en la historia democrática del país.

La plataforma podrá acceder a registros biométricos, fiscales, migratorios, de salud, educativos, laborales, judiciales, penitenciarios, de telecomunicaciones y hasta de redes sociales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien depende el CNI, podrá firmar convenios con entidades privadas y públicas para acceder a información, sin necesidad de orden judicial ni criterios de proporcionalidad.

La amplitud es tal que el gobierno mexicano podrá perfilar, rastrear y clasificar a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial, y diversos analistas coinciden en que se atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos.

Esta es una de las principales críticas que se hace a esta plataforma de inteligencia que ya está operando el gobierno.

Si bien se dice que es un avance tecnológico en materia de inteligencia, la centralización de datos sensibles de los ciudadanos en un solo sistema plantea vulnerabilidad técnica: filtraciones, hackeos y uso indebido por actores internos.

En lugar de fortalecer la inteligencia estratégica contra la criminalidad, se corre el riesgo de construir un Leviatán digital sin rostro ni freno.

Es decir, en el concepto de Hobbes, un monstruo al servicio del Estado.

Su poder técnico es innegable.

Pero los especialistas afirman una debilidad jurídica: no existen controles judiciales claros, ni auditorías independientes, ni un órgano civil que supervise cómo, por qué y para qué se estaría utilizando la información de millones de ciudadanos. Tampoco se contemplan mecanismos de evaluación de impacto en materia de derechos humanos o privacidad, requisito estándar en la Unión Europea por el Reglamento General de Protección de Datos.

El discurso oficial repite el argumento clásico: “si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer”.

Pero esa frase es peligrosa. La privacidad no es un lujo, sino un derecho.

Y la historia reciente demuestra que los sistemas de inteligencia sin contrapesos terminan siendo usados para otros fines: vigilancia y espionaje político, y persecución de opositores.

La diferencia entre una plataforma de seguridad pública estratégica y un sistema de control social —como pareciera ser la PCI— radica en que la primera tiene límites institucionales, transparencia pública y responsabilidad política. Si el manejo de la PCI no incorpora mecanismos efectivos de rendición de cuentas, el país podría entrar en una zona gris donde la seguridad pública se confunde con el “poder de mirar” —y registrar— todo.

La inteligencia es necesaria, sí, pero debe ser legal, proporcional, transparente y supervisada.

El Estado deja de ser garante de derechos ciudadanos.

Los defensores argumentan que México enfrenta amenazas graves —narcotráfico, corrupción, crimen transnacional— y que el Estado necesita herramientas tecnológicas modernas. Pero el dilema, al final, es jurídico y ético: ¿hasta qué punto puede sacrificarse la privacidad en nombre de la seguridad? ¿Hasta qué punto el Estado se convierte en un Leviatán?

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