Por: Jesús Quintero Seoane
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que en su gobierno nadie está por encima de la ley, no se protege a nadie y no hay espacio para la impunidad.
Pero del dicho al hecho hay un buen trecho dice una máxima, y en política, como en la justicia, las palabras deben resistir la prueba de los hechos, y el hecho más inmediato que cuestiona la narrativa de la presidencia y en consecuencia de la 4T, es el caso del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán.
El pasado 28 de agosto, Ojeda fue solicitado por la Fiscalía General de la República para comparecer en la audiencia relacionada con el proceso contra Fernando Farías Laguna, uno de sus sobrinos políticos, acusado por delitos vinculados con el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con lo informado públicamente, por la propia Fiscalía, y sin mayor explicación, se limitó a manifestar que no había logrado localizar al exsecretario de Marina para notificarle o hacerlo comparecer.
Un dicho oficial, que podría considerarse como válido jurídicamente, pero poco o nada creíble por tratarse de un exsecretario, sobre todo militar, y de la relevancia del caso, lo que se interpreta como una protección del gobierno a Ojeda Durán.
El asunto, de por si relevante, toma más notoriedad cuando el 18 de septiembre pasado, la presidenta Sheinbaum, en la mañanera, sostuvo que Ojeda “no está escondido” (¿cómo sabe la presidenta que no está escondido? ¿por qué lo asegura?) y agrega que no existe una carpeta de investigación en su contra.
Y añadió que su presencia había sido solicitada por la defensa de uno de los procesados y que la Fiscalía determinaría lo procedente.
Nada que no se supiera.
Aquí está el cuestionamiento sobre la credibilidad de lo dicho por la presidenta: una cosa es que Ojeda no este formalmente investigado por la FGR y otra, muy distinta, es que la autoridad encargada de procuración de justicia no haya podido localizarlo cuando su presencia fue solicitada en un proceso judicial.
¿Porque no se le localizo? Y lo más ingenuo: ¿Porque el exsecretario no se presentó por voluntad propia para aclarar cualquier situación del caso? o bien que la propia Secretaría de Marina lo hubiese exhortado a presentarse.
Ojeda Durán esta retirado, pero sigue sujeto a la disciplina militar.
Habrá quien asegure que no existe evidencia pública suficiente para afirmar que el gobierno esté protegiendo al almirante.
Pero tampoco resulta convincente despachar el episodio simplemente diciendo que “no está escondido”.
Si la Fiscalía no pudo encontrarlo, corresponde a dicha autoridad explicar con precisión qué ocurrió, qué diligencias realizó para localizarlo y cuál es actualmente la situación jurídica del exsecretario de Marina.
Solo silencio.
El beneficio de la duda, entonces, no es prejuzgar al almirante Ojeda.
Es algo más sencillo: si el gobierno afirma que nadie recibe protección y que no existe impunidad, debe ofrecer explicaciones suficientemente claras para que los hechos y los dichos no produzcan precisamente la percepción contraria: que hay protección e impunidad y la ley no es pareja.
En una democracia, la confianza no se decreta desde una conferencia de prensa o en una mañanera.
La confianza se construye cuando las instituciones del Estado pueden demostrar que las acciones de gobierno y la ley se aplican por igual a todos.
Lo que ocurre con Ojeda es sin duda un privilegio que nadie tiene, y que puede rayar ya en impunidad.
Usted ¿qué opina?

