Jesús Quintero Seoane
La reciente explosión de un vehículo frente a la comandancia de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán —primero catalogada por la FGR como un acto terrorista y luego reclasificada como un hecho vinculado al crimen organizado— reactivó el debate sobre el lenguaje político, las implicaciones jurídicas y la conveniencia narrativa del poder. En este momento no haré una reflexión sobre si es o no un acto terrorista la explosión. Más bien haré referencia a la incongruencia narrativa del gobierno de la 4T.
La clasificación de un acto como terrorista no es menor. De hecho, la legislación mexicana, en el Código Penal Federal, en sus artículos 139, 139 Bis y 139 Ter, establece criterios rigurosos: para que exista terrorismo, debe haber un intento deliberado de infundir terror en la población, presionar a la autoridad o alterar el orden constitucional, entre otros supuestos. Bajo este marco estricto, el gobierno terminó por descartar la etiqueta inicial. No es un acto terrorista.
Pero más allá del tecnicismo legal, la discusión pública se desplazó hacia el terreno político. Reconocer un acto terrorista en México —sobre todo relacionado con grupos criminales— implicaría, aunque indirectamente, validar aquella narrativa que en su momento impulsó Donald Trump, cuando propuso catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, algo que, en términos diplomáticos y estratégicos, nuestro país ha buscado evitar tajantemente.
El gobierno ha insistido en que el fenómeno de la violencia criminal responde a factores sociales y a la disputa entre grupos criminales, no a amenazas terroristas formales. En ese sentido, reclasificar el evento de Michoacán como crimen organizado se alinea con la postura oficial: evitar elevar los hechos a una categoría que pueda abrir la puerta a intervenciones externas o a presiones políticas internacionales, concretamente de los Estados Unidos.
Sin embargo, este giro narrativo es cuestionable: ¿se ajustó la clasificación a criterios jurídicos objetivos o a necesidades o intereses políticos del momento?
En medio de este episodio traigo a este artículo una frase emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en otra coyuntura política afirmó: “no me digan que la ley es la ley”, subestimando la aplicación de ciertas disposiciones legales para justificar decisiones políticas o críticas a sus decisiones.
Hoy, paradójicamente, “no me digan que la ley es la ley” es una frase que vuelve como boomerang. El discurso oficial apela justo a lo contrario: a la rigurosidad jurídica de lo que precisa el Código Penal Federal para negar la existencia de un acto terrorista. Y en ese contraste hay una sensación de inconsistencia. Si antes, con López Obrador, se desdeñaba la literalidad de la ley cuando resultaba incómoda, ahora, con la presidenta Sheinbaum, se usa como escudo argumentativo para justificar una decisión de reclasificar un evento que, al final de cuentas, causa terror entre la población al dejar un coche bomba, cinco muertos y al menos 10 heridos.
El caso de Michoacán revela algo más profundo que un conflicto de clasificación: expone cómo las palabras del poder construyen realidades, moldean percepciones y marcan las fronteras de lo que puede o no ser reconocido públicamente. Porque más allá del nombre o clasificación que se le otorgue a este evento, lo que la sociedad exige es claridad, congruencia y, sobre todo, seguridad.
Ahora podríamos decirle al gobierno: no me vengas a decir que la ley es la ley, porque no te creemos. Ahora, gobierno, te conviene reconocer que la ley es la ley. ¿Usted qué opina?


