Necesita México un servicio de inteligencia de Estado con contrapesos

12 Oct 2025 | Opinión

Por: Jesús Quintero Seoane

A propósito de las últimas entregas en este espacio sobre el cuestionamiento de la eficacia de la inteligencia, respecto a si esta cumpliendo con su razón de ser como instrumento al servicio del Estado, y de esta suerte anticipar condiciones de amenaza, riesgo o peligro y colateralmente proteger a sus ciudadanos, mediante acciones preventivas en materia, principalmente, de seguridad pública, se ha puesto en duda su eficacia, pues altos funcionarios del gobierno alegan no saber lo que ocurre en su contexto de responsabilidad.

Su propósito no es castigar, sino alertar. No es vigilar por vigilar, sino entender el entorno social, político y económico tanto al interior como al exterior del Estado, y orientar decisiones de alto nivel.

Se asume que la inteligencia estatal en México ha sido históricamente una función subordinada al poder político, más que una herramienta estratégica para la seguridad nacional.

Ha transitado por modelos de transformación incluyendo la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública en julio de 2025 que promete una evolución institucional de los servicios de inteligencia en el país.

Por mucho tiempo, el aparato de inteligencia mexicano ha operado como instrumento de vigilancia política.

La entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947, fue el brazo persecutorio del régimen priista, encargada de vigilar opositores, controlar sindicatos y neutralizar movimientos sociales.

Se disolvió tras el escándalo del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, y se dio paso en 1989 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el objetivo de profesionalizar la recolección y análisis de información estratégica para la seguridad nacional, pero también fue cuestionada por lo mismo.

En 2018, el gobierno de López Obrador desmanteló el CISEN y creó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo el mando del general retirado Audomaro Sandoval, que marcó un viraje hacia la militarización de los servicios de inteligencia, como lo fue con otras actividades: la administración de aeropuertos, aduanas, puertos, por citar algunos ejemplos de la militarización que sobrelleva el país.

La “Ley de Inteligencia” aprobada en julio de 2025 otorga acceso a datos biométricos, financieros y personales sin establecer contrapesos ni mecanismos de supervisión ciudadana.

Esta Ley, impulsada por la presidenta Sheinbaum, refuerza el poder de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del CNI, que son los usuarios primarios de esta información sin crear contrapesos, ni garantizar transparencia operativa.

Lejos de democratizar la inteligencia, se consolida un modelo reservado y vulnerable al uso político.

En contraste, democracias robustas han construido sistemas de inteligencia con controles democráticos y marcos legales estrictos.

Estados Unidos cuenta con comités legislativos especializados, tribunales de supervisión y leyes que regulan el acceso a datos sensibles.

Reino Unido y Alemania han desarrollado mecanismos parlamentarios que garantizan que la inteligencia sirva al Estado, no al régimen en turno.

Ante esta situación, sería conveniente considerar la creación de una instancia que bien podría ser una comisión bicameral (senadores y diputados) de supervisión de los servicios de inteligencia, que permitiría ejercer control democrático sobre las instancias gubernamentales que generan inteligencia, evaluar su eficacia operativa, revisar presupuestos y garantizar el cumplimiento legal; que además tendría acceso controlado a información clasificada, emitiría informes públicos y reservados, y podría proponer reformas o sanciones en caso de abuso o negligencia.

Su existencia sería un contrapeso institucional frente a la concentración de poder en el Ejecutivo, y una garantía de que la inteligencia de Estado no se utilice para fines políticos o represivos. México necesita una inteligencia civil, profesional y supervisada.

De lo contrario, seguirá operando bajo la sombra de la duda.

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