Por: Jesús Quintero Seoane
La destitución de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública no fue un simple acto administrativo. El episodio, marcado por su resistencia de más de cuatro días atrincherado en oficinas oficiales, expuso tensiones que trascienden la burocracia y alcanzan la esfera política.
La imagen presidencial quedó inevitablemente vinculada a un conflicto que, en apariencia menor, terminó por convertirse en un símbolo de lo que podría llamarse fragilidad institucional.
No voy a comentar en esta ocasión, en este espacio, el trabajo que hizo Arriaga sobre los Libros de Texto y lo que llaman la Nueva Escuela Mexicana, que sin duda sería inevitable evaluar.
Me voy a referir al efecto político de debilidad que transmitió el gobierno. Un elemento que flotó en el ambiente fue, sin duda, su cercanía con el expresidente López Obrador y la protección que se le atribuye de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario.
Esto podría explicar en parte la cautela de la presidenta Sheinbaum.
Destituirlo no era solo remover a un funcionario incómodo, sino enfrentar un entramado de lealtades y respaldos que aún pesan en la estructura del poder. Esa red de apoyos convirtió lo que debía ser un “trámite administrativo” en un dilema político: actuar con firmeza y arriesgar un choque con figuras influyentes, o proceder con cautela y proyectar vulnerabilidad.
Arriaga no solo se negó a abandonar su cargo hasta recibir un oficio formal, sino que convirtió su resistencia en un espectáculo mediático: entrevistas, transmisiones en vivo y un relato de victimización que atrajo protestas, pero también opiniones a su favor.
El resultado fue un funcionario de tercer nivel proyectando fuerza frente a un gobierno que, en su intento de actuar con cautela, transmitió la impresión de debilidad.
La tardanza en ejecutar la destitución y la falta de control sobre la narrativa pública dejaron a la Presidencia expuesta a la crítica: ¿cómo puede un gobierno que se proclama firme en la defensa de la soberanía permitir que un subordinado, que forma parte de la estructura organizacional del gobierno, en particular de la Secretaría de Educación Pública, condicione la autoridad presidencial?
El costo político fue evidente. La administración de la presidenta Sheinbaum, que busca consolidar un discurso de continuidad del proyecto de López Obrador, pero con sello propio, se enfrentó a un suceso que podría estar sugiriendo miedo más que prudencia.
La cautela, en este caso, otorgó ventajas a un funcionario que supo capitalizar la demora y convertirla en un pulso de poder.
El mensaje hacia dentro y fuera del país es lamentable: si la Presidencia titubea ante un funcionario de tercer nivel, ¿cómo enfrentará a líderes internacionales como Donald Trump o cómo sostendrá la narrativa de soberanía frente a presiones externas?
La destitución de Arriaga no solo removió a un funcionario incómodo; abrió un debate sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para ejercer autoridad sin titubeos. En política, las señales importan tanto como las decisiones, y aquí la señal fue: el poder presidencial puede ser desafiado desde dentro.
El mensaje fue claro: un subordinado logró condicionar y cuestionar la autoridad máxima de este país.
En política, las señales importan tanto como las decisiones, y aquí el mensaje fue de temor. Y más si dan explicaciones públicas señalando que hasta se le ofreció un cargo en una embajada, que no aceptó, como justificando su remoción.
¿Pero justificando ante quién?
La pregunta que queda flotando es si la presidenta Claudia Sheinbaum podrá sostener el discurso de firmeza y soberanía cuando incluso un funcionario menor, respaldado por viejas alianzas, logró poner en entredicho su autoridad.
¿Se trató de miedo, debilidad o de cautela exagerada? En cualquiera de los casos, el resultado fue el mismo: un mensaje de fragilidad.
Usted, ¿qué opina?


