Por: Jesús Quintero Seoane
En el corazón de toda política de seguridad pública eficaz por parte del Estado yace una función silenciosa pero vital: los servicios de inteligencia. No se trata de espionaje ni de ficciones cinematográficas, sino de la capacidad del Estado para anticipar amenazas, prevenir daños y proteger a sus ciudadanos. Cuando esta función falla, el costo se puede medir en vidas humanas, en gobernabilidad y en credibilidad institucional.
México pareciera atravesar una crisis del servicio de inteligencia. Esto si partimos de los dichos del exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco y actual senador Adán Augusto López Hernández, que en su propia defensa ha manifestado en repetidas ocasiones que “no sabía” o “no estaba enterado” de las acciones delincuenciales en las que estaba metido el que fuera su secretario de Seguridad Pública y a quien conocía hacía más de treinta años. Y esta crisis no es por falta de instancias gubernamentales, leyes o tecnología, sino por una aparente desconexión alarmante entre quienes tienen la responsabilidad de producir información sensible y quienes deben recibirla para actuar con oportunidad. Los recientes episodios del “no saber” lo que estaba ocurriendo o por ocurrir, más que ignorancia, pareciera una complicidad para no darse por enterado en el contexto de un aparato estatal que presume servicios de inteligencia. No es creíble. En consecuencia, es inadmisible.
Cuando los productos de inteligencia no llegan a quienes deben tomar decisiones, el problema no es técnico o de procedimientos, es político. O bien los canales de información están rotos, o bien hay una voluntad deliberada de no actuar, de no darse por enterado. En cualquier caso, se está ante una omisión deliberada. Y la omisión, en temas de seguridad nacional, es una forma de complicidad criminal y, en el mejor de los casos, de incompetencia.
La inteligencia no es un lujo, es una obligación de Estado. Su función no es reaccionar, sino anticipar. Si los altos funcionarios públicos “no sabían” o “no estaban enterados”, entonces alguien dentro del sistema de inteligencia falló. Y si sabían, pero no actuaron, el problema es aún más grave. Entonces hay complicidad y manipulación. Autoridades que afirman “no saber” sobre eventos críticos contradicen la existencia, eficiencia y eficacia del sistema de inteligencia en nuestro país.
La inteligencia es columna vertebral de la seguridad pública. No se improvisa, no se debe politizar ni subestimar. El Estado mexicano, en esta aparente crisis de inteligencia, pareciera haber relegado esta función a un segundo plano, y está atrapado en una falta de credibilidad y de insulto a la razón y agudeza del ciudadano. La inteligencia debe servir al interés público, no a intereses mezquinos. Y, sobre todo, debe ser útil. De nada sirve tener bases de datos o información sensible si no se traducen en alertas, operativos y decisiones informadas.
La narrativa oficial de “no sabíamos” es una confesión de fracaso. En un país donde el crimen organizado opera casi con logística militar y territorial, la ignorancia no es válida. Es una traición al deber público. México necesita una reforma profunda, no solo legal sino operativa, en materia de inteligencia. Porque cuando el Estado “no sabe”, el ciudadano queda a merced del crimen y del caos. El Estado que “no sabe”, no protege. Eso es inaceptable.