Por Lizzete Clavel
El gobierno de los Estados Unidos ha elevado su tono frente a México por las políticas aplicadas en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que podría tomar represalias si el gobierno mexicano no corrige lo que considera un trato desigual hacia aerolíneas estadounidenses. En el centro del conflicto está la decisión del gobierno mexicano de restringir las operaciones de carga en el AICM, obligando a las empresas a trasladarse al AIFA, pese a que este aún no cumple con estándares logísticos y de conectividad internacional competitivos.
En Washington se considera esta medida como una violación a los acuerdos bilaterales de aviación y una desventaja estructural que afecta directamente a la operación de sus empresas. La advertencia no es simbólica: se analiza suspender vuelos desde y hacia México, limitar los permisos a aerolíneas mexicanas y poner fin a la inmunidad antimonopolio que permite la alianza estratégica entre Delta y Aeroméxico. Esta última decisión, de concretarse, fracturaría uno de los pilares de la conectividad aérea entre ambos países.
No es la primera vez que se requiere a México informes, cumplimiento a acuerdos internacionales o bilaterales, y a estándares en materia de seguridad aérea para poder operar (con transporte de carga y turismo) internacionalmente; y, por desconocimiento o con toda la intención, éstos no llegan. En este caso, el de la aviación, los castigos preceden a la actual administración; desde el anterior sexenio se hicieron sentir con la degradación de categoría, que tomó casi dos años recuperar.
El AIFA, pese a los más de cinco mil millones de pesos en subsidios estatales recibidos desde su apertura, aún enfrenta un rezago importante en volumen de pasajeros, conexiones terrestres y servicios de carga especializados. Aunque ha comenzado a reportar utilidades operativas, el aeropuerto carece de la infraestructura necesaria para convertirse en el eje logístico que el gobierno ha intentado imponer por decreto. La decisión de restringir al AICM no solo reconfigura la logística nacional, sino que interfiere con las operaciones internacionales de manera abrupta, afectando cadenas de suministro, tiempos de entrega y condiciones contractuales.
Estados Unidos, bajo el principio de reciprocidad y defensa de su competitividad, exige que México se apegue al Acuerdo Aéreo de 2015, evite decisiones unilaterales y garantice condiciones de competencia equitativa para todas las aerolíneas. La disputa va más allá de los aeropuertos: simboliza la tensión creciente entre la autonomía logística de México y las reglas del comercio global. El Departamento de Transporte ha dejado abierta una ventana para la negociación, pero el mensaje es claro: si México no cede, las represalias vendrán por el cielo.
La relación bilateral en materia aérea se encuentra en un punto crítico. La decisión que tome el gobierno mexicano frente a estas presiones no solo determinará el futuro inmediato del AIFA, sino también el tono general de la cooperación económica con la administración Trump, que ya ha mostrado disposición a usar herramientas regulatorias y comerciales para forzar cambios en sus socios. El margen para una salida negociada aún existe, pero el costo de la confrontación podría ser alto para la aviación, el turismo y el comercio exterior de México.