Por:Jesús Quintero Seoane
El proyecto de Reforma Electoral 2026 representa para el gobierno de Claudia Sheinbaum un intento de reconfigurar las reglas del sistema político-electoral mexicano para las próximas elecciones del 2027. Cuando se publique esta colaboración, seguramente ya se habrá presentado la iniciativa de reforma electoral a la Cámara de origen, el 2 de marzo. Pero aun así, sin conocerse el proyecto definitivo, no es ocioso reflexionar sobre la reforma que viene.
Su presentación no ocurre en un vacío temporal. Es decir, no es circunstancial. Se dice, políticamente, que las reformas electorales deben analizarse con relación al momento político en que se proponen y con las elecciones que regulan. En este sentido, vale precisar que la reforma electoral la propone el Estado, no la oposición ni siquiera había presión política para ello, que sería tradicionalmente lógico que así fuese. Este proyecto, se discutirá prácticamente a inicios del sexenio, y sus efectos operarían para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, múltiples gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.
No es tampoco un asunto meramente técnico. Se trata de un pretendido rediseño institucional que toca al árbitro electoral, el financiamiento, la fiscalización, el voto electrónico y la distribución del poder político en el Congreso, a través de la representación proporcional, entre otros aspectos. Por eso el debate próximo es estratégico y esencialmente político. 2027 es clave porque será el gran ensayo de las nuevas reglas electorales, en caso de aprobarse, para las elecciones intermedias y locales. Lo que ocurra marcará la confianza ciudadana y definirá si el sistema electoral mantiene legitimidad o se erosiona por sí mismo. Me atrevo a señalar que las elecciones de 2027 son el laboratorio que anticipa la elección presidencial de 2030.
El gobierno ha insistido en que el costo del sistema electoral mexicano es muy elevado, muy caro, sin duda, quizá. Pero el dilema es: ¿se busca ahorrar costos con la reforma o garantizar estabilidad política y credibilidad? Si el sistema electoral se debilita, el ahorro será irrelevante frente a la pérdida de confianza. En 2027 veremos si la reforma que pretende el gobierno fortalece la democracia o si abre la puerta a la concentración de poder del partido dominante; es decir, del movimiento de la 4T. Ese es el verdadero debate, en el fondo. Es real esa posibilidad. Esta reforma que se pretende, en mi opinión, es una reforma electoral de Estado.
Esto hace que el debate no sea solo técnico, sino institucional y políticamente estratégico. ¿Por qué 2027 es clave? Porque será la primera gran prueba electoral del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Las elecciones intermedias de 2027 funcionarán como plebiscito político del proyecto gubernamental y medirán, entre otros temas, la capacidad de retención de mayorías legislativas. Por ejemplo, cualquier modificación a las reglas de representación proporcional, es decir, a la composición del Congreso, tendrá un impacto directo en el escenario político del país. La propuesta de reforma electoral, en los términos que finalmente se presente, y de aprobarse, alterará el “campo de juego” para 2027 y 2030 inclusive. Así de importante, aunque parezca lejano el 2030. Aún si no se aprobara la propuesta que se presente, afectará, eventualmente, a la fuerza gobernante y sus aliados por la fragmentación de su voto.
El debate no debería reducirse a una narrativa de eficiencia, austeridad o de voto directo; debiera responder la pregunta: ¿la reforma fortalecerá el equilibrio constitucional entre gobernabilidad y pluralismo, o ¿reconfigura el poder político en favor de la fuerza dominante?; es decir, ¿de Morena? El verdadero alcance de la reforma dependerá de los detalles técnicos de su implementación, pues en materia electoral, el diseño normativo fino es determinante para los efectos políticos reales.
La respuesta no es sencilla. Lo que es claro, es que cualquier modificación a la arquitectura electoral redefine el pacto democrático mismo. Y en democracia, las decisiones de los diseños institucionales, como el caso de nuestro sistema electoral, deben pensarse no para el gobierno en turno, ya que reformas de esta naturaleza trascienden al gobierno que las impulsa. Su efecto lo sentirán las generaciones futuras.
Usted ¿qué opina?


