Huachicol: el saqueo que mutó y que el Estado no logró contener

18 Sep 2025 | Opinión

Por: Jesús Quintero Seoane

En los últimos años se popularizó la palabra huachicol. El término no nació en las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, quien fue el que la normalizó. Pero bien vale hacer un breve recuento. Un “dato cultural”.

Su historia es más antigua y revela cómo una palabra puede mutar junto con las prácticas ilícitas que describe. De acuerdo con lingüistas e historiadores, su origen se remonta al siglo XIX y, en sus primeras acepciones —obviamente— no tenía relación alguna con la gasolina o el diésel. En el centro de nuestro país se usaba para referirse a bebidas alcohólicas adulteradas o rebajadas con agua, y el huachicolero era quien las elaboraba o vendía. Esto aludía a actividad ilícita. Con el tiempo, la palabra migró del mundo de las cantinas al de las gasolineras clandestinas, por analogía: “rebajar” o “alterar” un producto valioso y venderlo de forma ilegal. Así, el huachicol dejó de ser solo alcohol adulterado para convertirse en sinónimo de robo de combustible, primero en comunidades cercanas a ductos —en este caso de Pemex— y, más tarde, en todo el país, como una actividad ya organizada para generar ganancias ilícitas, muy lucrativas.

En la actualidad, en particular en el sexenio anterior, el término se popularizó a nivel nacional cuando el gobierno federal lo adoptó como emblema de su cruzada contra el robo de hidrocarburos. Sin embargo, reducirlo a la imagen de un ducto perforado es simplificar un fenómeno que hoy tiene dos rostros: el tradicional —perforación de ductos de Pemex y robo de combustible— y el fiscal, que está saliendo a la luz. El primero es más visible: tomas clandestinas, bidones, pipas y comunidades enteras participando en la extracción ilegal. Recordemos la explosión de 2019 en la población de Tlahuelilpan, que dejó decenas de muertos. Es un delito que se combate con soldados, sellos y operativos que generan imágenes de impacto. Su persecución es políticamente rentable porque permite mostrar acción inmediata y reforzar la narrativa de autoridad. El segundo, el huachicol fiscal, es más sofisticado. Opera en puertos y aduanas, con facturas aparentemente legales y sellos oficiales.

Una de sus modalidades consiste en importar combustible refinado, principalmente desde Texas, con documentación falsa que lo clasifica como “aditivos” o “aceites” para evadir impuestos, y otra en simular exportaciones para reingresarlo como si fuera importación. Estos esquemas requieren redes empresariales, colusión de autoridades gubernamentales y hasta protección de mandos militares, como todo parece indicar en el caso de Altamira–Tampico, con más de 18 millones de litros decomisados y 14 detenidos, asesinatos y muertes inexplicables que tienen coincidencia y que exponen la magnitud del fraude, pero también la fragilidad del discurso político anticorrupción cuando se trata de un entramado de corrupción altamente sofisticado que involucra ahora a altos mandos de la Marina.

La diferencia entre ambos no es solo operativa, sino política y económica. El huachicol tradicional “drena” miles de millones de pesos. En 2018 se estimaban pérdidas de más de 60 mil millones de pesos anuales, una afectación a la recaudación fiscal por las ventas ilegales, además de costos indirectos por reparación de ductos, pérdida de presión en la red, accidentes y explosiones.

En el segundo caso, el huachicol fiscal, el “drenado” no es de pesos sino de dólares, con pérdidas fiscales estimadas por el SAT en más de 9 mil millones de dólares anuales. Y tiene un impacto político internacional porque involucra, en este caso, a instancias de los Estados Unidos, que están por ventilarse públicamente.

Ambos distorsionan el mercado energético nacional y muestran que ha fallado la lucha del gobierno contra la corrupción. ¿Usted qué opina?

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