Por: Jesús Quintero Seoane
En abril de 2024, concretamente el día 14 y en Oaxaca, durante su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum se presentó ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y prometió derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.
Aquella promesa fue recibida como un triunfo por un magisterio históricamente disidente y a la vez, a cambio, este daría su voto para llevarla a la presidencia.
Una candidata con posibilidades reales de llegar a la presidencia reconocía públicamente su demanda.
En 2007, Felipe Calderón modifico la Ley del ISSSTE, que transformo el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
Se pasó de un esquema donde el Estado garantizaba una pensión vitalicia, a un modelo de cuentas individuales administradas por las Afores.
El cambio elevó la edad de jubilación, redujo algunos beneficios y trasladó el riesgo financiero al trabajador.
Para la CNTE, esto fue considerado como un golpe directo a los derechos adquiridos del magisterio y un símbolo de hacer más precaria la situación laboral.
Lo que en campaña fue un compromiso, que festejo sin duda la candidata Sheinbaum, ya en el ejercicio del poder se convirtió en un dilema político y fiscal.
Ha trascendido que derogar la Ley del ISSSTE de 2007 implicaría un costo cercano a los 7 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto, una carga insostenible para las ya frágiles finanzas públicas.
Además de la Ley del ISSSTE, la CNTE ha puesto en la mesa la desaparición del USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), creado en 2019 por López Obrador al derogar la reforma educativa impulsada por Peña Nieto.
Aunque esta Unidad se creó para sustituir la evaluación que llamaron punitiva de Peña Nieto, en la práctica, según la CNTE se convirtió en un mecanismo burocrático que retrasa la entrega de plazas y mantiene un control excesivo sobre la carrera docente.
En este sentido, la presidenta Sheinbaum también ha prometido eliminar el USICAMM, pero aún no existe una propuesta clara de sustitución, lo que mantiene viva la inconformidad del magisterio también en esta vía.
La presidenta Sheinbaum ha reconocido que derogar la Ley del ISSSTE de 2007 es inviable.
Se han abierto mesas técnicas con la CNTE para explorar alternativas: ajustes parciales, fondos complementarios o mejoras en las condiciones de retiro.
Pero la derogación total, como fue planteada en campaña, no está en el horizonte del gobierno, ya que es inviable cumplir con esa promesa de maniobra electoral.
La CNTE, por su parte, se siente con derecho a exigir lo prometido.
Argumenta que la palabra empeñada en campaña debe cumplirse.
Sus movilizaciones recientes en la Ciudad de México y en varios estados del sur reflejan el desengaño de como la política electoral se distancia de la realidad al momento de gobernar.
A esta tensión se suma un elemento político de forma y fondo: durante la campaña seguramente para Sheinbaum era indispensable presentarse, como lo hizo, ante la CNTE en su propio terruño, buscando su respaldo electoral.
Hoy, ya en el poder, ha evitado recibirlos directamente lo que el magisterio interpreta como una muestra de distancia, desinterés y descortesía.
Para la CNTE, la entonces candidata buscó el apoyo por conveniencia política, y la presidenta, por su parte, se niega ahora a asumir el costo de aquella promesa.
El dilema es claro: cumplir la promesa significaría un colapso financiero dicen los expertos; incumplirla, un conflicto político frente a uno de los movimientos sociales más persistentes del país.
La presidenta enfrenta así una contradicción que desnuda lo diferente que es el discurso de campaña y la gestión del poder.
El acto de gobernar y de enfrentarse a la realidad.
Hoy, la CNTE mantiene su bandera de lucha y el gobierno busca salidas intermedias.
El desenlace aún está abierto, pero lo cierto es que la promesa incumplida de Sheinbaum se ha convertido en un recordatorio de que las palabras en campaña pesan, tarde que temprano.
La presidenta Sheinbaum no enfrenta únicamente la disidencia histórica de la CNTE, sino también el peso de sus propias palabras.
Prometer la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 sin medir su viabilidad fue un acto más político que responsable, una estrategia de campaña que hoy se le revierte.
La CNTE reclama lo que considera un compromiso fundado, mientras el gobierno se escuda en la inviabilidad fiscal.
El resultado es un choque inevitable como ha venido sucediendo, en donde cada una de las partes ha endurecido su posición: un magisterio que exige coherencia y una presidenta que descubre que gobernar no es lo mismo que prometer.
En ese contraste se juega no solo la relación con los maestros, sino la credibilidad de un proyecto político que se presentó como transformador sin medir las consecuencias de promesas inviables.
Usted ¿qué opina?


