Por: Jesús Quintero Seoane
Ante la fallida Reforma Electoral que no obtuvo consenso de Morena y sus aliados el PT y el PV, la presidenta Sheinbaum impulsa ahora lo que ella denomino como el “Plan B” de dicha Reforma.Este Plan B reabre un debate central: cómo equilibrar la participación ciudadana con condiciones equitativas de competencia política.
Aunque la discusión pública se ha concentrado en la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, el paquete incluye otros ajustes que, sin generar la misma controversia, también inciden en la arquitectura electoral y que han recibido menor atención: medidas de austeridad electoral, simplificación administrativa, digitalización de procesos y ajustes en la comunicación electoral.
Aunque en apariencia responden a criterios de eficiencia y eficacia, su impacto no es neutro tampoco.Los recortes pueden debilitar capacidades técnicas en el proceso electoral y la simplificación estaría concentrando funciones y en consecuencia de poder.
El punto más delicado es la propuesta de adelantar la revocación prevista para el 2028 para hacerla coincidir con las elecciones intermedias de 2027, configurando lo que podríamos llamar una “súper elección”.
En términos formales, la revocación de mandato es un instrumento que permite remover a un gobernante antes de concluir su mandato.
El modelo vigente, establecido en el artículo 35 constitucional, la concibe como un ejercicio ciudadano, único y que se debe llevar a cabo por separado de los procesos electorales ordinarios, es decir, que no se contamine por la lógica electoral.
Alterar esa lógica, su naturaleza misma, la de origen, no es un ajuste meramente técnico, sino un cambio de fondo.Un cambio político sustancial que “cargaría los dados” a favor de los candidatos de Morena en las elecciones del 2027.
Sin embargo, existe una ambigüedad en la propuesta.
Esta radica en sus condiciones o movilidad de fechas: si la revocación se pretende realizar el mismo día de la elección de 2027 o en una fecha distinta el mismo año, lo que no es un detalle menor, sino el punto que define su impacto político.
Es en este punto donde de básicamente el PT ha manifestado dudas de acompañamiento del Plan B. Diversos analistas han advertido que empatar la revocación de mandato con elecciones constitucionales podría generar una ventaja estructural para Morena.
La presencia de la presidenta en la boleta —que en este momento tiene un amplio reconocimiento popular— tiene un efecto político inevitable: moviliza votantes afines a Morena y puede arrastrar sufragios hacia candidaturas del oficialismo (gobernaturas, diputaciones y presidencias municipales).
Maxime si la presidenta podría “hacer campaña” para defender su gobierno.
Aunque la propuesta no establece de manera explícita que la presidenta pueda hacer campaña, su implementación implicaría modificar el artículo 35 constitucional, lo que en los hechos abriría la puerta a una participación política activa del Ejecutivo.
Esto desdibujaría la naturaleza ciudadana del mecanismo y lo acerca peligrosamente a una lógica de promoción gubernamental, más propia de una contienda electoral que de un ejercicio de control democrático bajo la figura de la revocación.
El riesgo es que la revocación deje de operar como un mecanismo de rendición de cuentas y se esté convirtiendo en una herramienta política de movilización electoral a favor del partido dominante. La experiencia “sugiere” que, cuando el gobierno mantiene niveles relevantes de aprobación, estos ejercicios de revocación tienden a funcionar más como consultas populares de respaldo al gobierno que como un proceso de revocación del gobernante. En ese escenario, más que revocar, es ratificar. Lo que significa que, una vez transcurrido el proceso electoral, el resultado se puede manejar y manipular políticamente como si hubiese sido una legitimación del pueblo del ejercicio del presidencial.
El problema no es la existencia de estos mecanismos que propone el Plan B, sino su combinación.
El Plan B mezcla algunas propuestas que en cierta medida son razonable con otras de alto impacto político, como la revocación de mandato o la intromisión en la autonomía de los estados que integran el pacto federal. En ese contexto, la línea entre modernización electiva y ventaja electoral se vuelve dudosa.
Se pierde confianza. En el fondo se observa que mecanismos diseñados para fortalecer la democracia terminen inclinando la balanza en favor de quien gobierna.
Usted ¿qué opina?


