Vinculan a proceso a vicealmirante y funcionarios por huachicol fiscal

9 Sep 2025 | Nacional

Por: Redacción

Ciudad de México.- Un juez federal determinó la madrugada de este lunes vincular a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “N” y a nueve marinos y exfuncionarios aduaneros, acusados de participar en el desembarque de 31 buques cargados con combustible ilegal en los puertos de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

“En este caso no se trata sólo de revisar cada buque, sino de establecer si existía o no un grupo delictivo que operaba con una red de complicidades”, señaló el juez Mario Martínez Elizondo, al dictar la resolución tras más de 17 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

El impartidor de justicia imputó a los señalados por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, ratificándoles la medida de prisión preventiva oficiosa. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos de las tres mujeres al penal femenil de Morelos. La única excepción fue Perla Elizabeth “N”, a quien se le concedió arraigo domiciliario y brazalete electrónico, debido a que se encuentra en el primer trimestre de embarazo.

Martínez Elizondo subrayó que el caso se desarrolla en un entorno marcado por violencia e intimidación, recordando los asesinatos del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y de la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos. “La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras que pudieran aportar información”, advirtió.

Entre los procesados figuran los capitanes de navío Climaco “N” y Humberto Enrique “N”; los capitanes de fragata Sergio “N”, Carlos de Jesús “N” y Fernando Ernesto “N”; además de Endira Xóchitl “N”, Anatalia “N”, Ismael “N” y Perla Elizabeth “N”, quienes ocuparon diversos cargos en las aduanas de Tampico y Altamira.

Uno de los detenidos, el capitán Humberto Enrique “N”, denunció que él y sus compañeros han recibido amenazas desde su ingreso al Altiplano, por lo que solicitó ser trasladado a una prisión militar. El juez rechazó de momento la petición, al considerar necesario valorar si un penal castrense reúne las condiciones para el debido proceso.

La Fiscalía General de la República y las defensas tendrán un plazo de seis meses para reunir nuevas pruebas e integrar la investigación complementaria en un caso que exhibe la magnitud de la corrupción en las aduanas marítimas del Golfo.

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