Fabián G.
Tijuana, Baja California.
La carrera por la gubernatura de Baja California entró en una nueva zona de turbulencia luego de que una investigación periodística vinculara a Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena, con un supuesto expediente de autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y posibles conversaciones para proporcionar información.
«¡Semana nueva, mitote nuevo!”, respondió Ramírez al rechazar los señalamientos, que calificó como parte de una guerra sucia destinada a frenar sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.
De acuerdo con información difundida por N+ Focus, el caso estaría relacionado con un posible proffer agreement, mecanismo utilizado en Estados Unidos para que una persona entregue información a fiscales federales bajo determinadas condiciones legales.
Hasta el momento no se conoce públicamente una acusación formal de autoridades estadounidenses contra Ramírez ni se ha precisado oficialmente algún delito relacionado con la supuesta investigación.
La legisladora rechazó categóricamente haber firmado un acuerdo de colaboración con Estados Unidos y sostuvo que las versiones tienen una intención electoral.
La controversia surge en un momento clave para Morena en Baja California. Ramírez solicitó licencia al Senado y se mantiene como uno de los perfiles que buscan la candidatura del partido a la gubernatura.
En Tijuana, el tema adquirió rápidamente una dimensión especial debido a la estrecha relación económica, política y social que mantiene Baja California con Estados Unidos.
«Aquí en la frontera estamos acostumbrados a escuchar de investigaciones del otro lado, pero cuando se trata de alguien que quiere gobernar el estado, la gente sí se detiene a pensar”, comentó un residente de la zona centro.
El caso también aparece después de que autoridades electorales de Baja California ordenaran medidas relacionadas con propaganda de la senadora con licencia ante señalamientos por posibles actos anticipados de campaña.
Mientras no exista una confirmación oficial del Departamento de Justicia estadounidense, las versiones permanecen sustentadas en una investigación periodística y son rechazadas por Ramírez.
Sin embargo, el episodio abre un nuevo frente en la disputa por la candidatura de Morena y coloca bajo mayor escrutinio la sucesión por la gubernatura de Baja California.
