Por: Redacción
Monterrey, Nuevo León.- El senador Waldo Fernández manifestó su respaldo a la solicitud de juicio político presentada por Morena ante el Congreso de Nuevo León en contra del gobernador Samuel García, al considerar que cualquier señalamiento relacionado con el presunto desvío o triangulación de recursos públicos debe ser investigado con profundidad por las autoridades competentes.
«Estuve en Coahuila acompañando la jornada electoral y este lunes me encuentro en Michoacán en una agenda de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Por eso no pude acompañar personalmente la presentación de la solicitud, pero la respaldo plenamente, porque cuando hay dudas legítimas sobre el destino del dinero de las y los ciudadanos, la respuesta no puede ser el silencio, sino la rendición de cuentas”, expresó Waldo Fernández.
El legislador informó que no acudió personalmente a la presentación del recurso debido a compromisos de trabajo en Michoacán, tras participar el domingo en actividades relacionadas con la jornada electoral en Coahuila.
Fernández sostuvo que la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas deben prevalecer cuando existen cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, por lo que respaldó la acción promovida por Morena en el Congreso local.
La solicitud de juicio político fue presentada bajo el argumento de que existen indicios de presuntas triangulaciones de recursos públicos en beneficio del Ejecutivo estatal, por lo que se pidió activar los mecanismos constitucionales para determinar si existe responsabilidad política.
De acuerdo con los señalamientos difundidos en semanas recientes, la petición surge a partir de un presunto esquema que habría involucrado alrededor de 140 millones de pesos.
Morena sostiene que cerca de 90 millones de pesos habrían sido transferidos a un despacho jurídico vinculado al entorno familiar del mandatario estatal entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Asimismo, se señala que otros 50 millones de pesos habrían sido movilizados a través de operadores y procesadoras de pago con el propósito de dificultar el rastreo de los recursos, mientras una parte de esos fondos presuntamente habría sido utilizada para esquemas de promoción personalizada.
El senador afirmó que cuando existen dudas legítimas sobre el uso del dinero público, corresponde a las instituciones esclarecer los hechos y determinar si hubo afectaciones al interés público o al patrimonio de los nuevoleoneses.
Fernández también señaló que la experiencia reciente en Coahuila demuestra la importancia de mantener la organización y la vigilancia ciudadana frente a cualquier práctica que pueda vulnerar la confianza pública.
Finalmente, reiteró que continuará respaldando las acciones legales e institucionales encaminadas a investigar posibles actos de corrupción y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga sujeto al cumplimiento de la ley.
