Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica el abandono de personas adultas mayores, fortaleciendo así el marco jurídico de protección a este sector vulnerable.
«Protejamos a las personas que ya no pueden cuidarse por sí mismas… siguen teniendo el mismo valor que tuvieron durante toda su vida”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna, al defender la necesidad de actualizar la legislación ante una problemática social creciente.

La propuesta contempla la reforma a los artículos 335 y 340, así como la adición de un artículo 335 Bis, con lo que se busca cerrar brechas normativas que actualmente no consideran de forma explícita el abandono de adultos mayores como delito específico, a diferencia de lo que ocurre con menores de edad.
En términos de política pública, la senadora advirtió que el envejecimiento poblacional incrementa los riesgos de vulnerabilidad, particularmente en personas mayores de 65 años, quienes enfrentan con mayor frecuencia situaciones de abandono, negligencia y violencia en distintos entornos.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato, lo que posiciona este fenómeno como un problema relevante de salud pública y de derechos humanos.
La iniciativa también retoma compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, impulsada por la Organización de los Estados Americanos y ratificada por el país en 2023.
En su exposición, Sanmiguel Sánchez ejemplificó la urgencia de legislar en la materia con casos recientes de abandono, incluyendo el de un adulto mayor localizado en condiciones de vulnerabilidad en Tamaulipas, lo que —dijo— evidencia la necesidad de sanciones más claras y contundentes.
Finalmente, subrayó que la iniciativa busca no solo castigar conductas, sino generar un cambio estructural en la protección legal de los adultos mayores, incorporando criterios de responsabilidad incluso en casos donde no exista un vínculo legal directo, pero sí una relación de custodia o cuidado.


