Por: Redacción
Ciudad de México.-
Con el objetivo de frenar delitos como la extorsión, el phishing, el robo de identidad o los hackeos masivos, la diputada Claudia Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que obliga a las empresas de telefonía móvil y plataformas digitales a asumir responsabilidad directa en la prevención y combate de los ciberdelitos en el país.
“Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostuvo la legisladora en su propuesta.
De aprobarse, las concesionarias deberán implementar sistemas de detección, alerta temprana y monitoreo de redes para identificar actividades sospechosas. Además, deberán colaborar de forma directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía General de la República.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también establece que estas empresas tendrán un plazo no mayor a 48 horas para entregar información sobre posibles delitos a la autoridad competente, y deberán activar protocolos inmediatos para reportar e inhabilitar líneas vinculadas a actividades delictivas como fraudes electrónicos, extorsión o ciberacoso.
El proyecto contempla sanciones severas en caso de omisión o reincidencia: desde multas equivalentes al dos punto cero uno hasta el seis por ciento de los ingresos del concesionario, hasta la suspensión de operaciones por un año. En caso de tres incumplimientos consecutivos, se plantea incluso la revocación de la concesión.
De acuerdo con Sánchez, la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad que persiste en el ciberespacio mexicano y garantizar que los millones de usuarios de telefonía móvil tengan una red más segura, sin dejar el combate a los ciberdelitos únicamente en manos del Estado.