Plantea Imelda Sanmiguel Reforzar Protección a pueblos indígenas y Afromexicanos

7 Dic 2025 | Nacional

Por: Dan Llamas

Ciudad de México.- La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez propuso que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligue a la Federación, estados y municipios a garantizar plenamente las medidas de protección para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al reconocerlos como sujetos de derecho público con necesidades específicas de seguridad y justicia.

“El debilitamiento institucional, la militarización del país y la reciente cooptación del Poder Judicial ponen en riesgo a todas y todos, pero particularmente a las comunidades indígenas y afroamericanas; de manera acentuada a las mujeres”, advirtió la legisladora al presentar su propuesta.

Sanmiguel planteó que corresponderá al titular del Secretariado Ejecutivo impulsar políticas públicas, programas y acciones para proteger a estos pueblos y comunidades, colocando en el centro la perspectiva de género, los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la interculturalidad y la interseccionalidad.

“Se trata de cumplir cabalmente con la obligación del Estado mexicano”, sostuvo.

Recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo observaciones severas a México por rezagos en la protección a mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad, así como por los impactos negativos de la militarización de la seguridad pública.

El organismo también cuestionó la falta de datos estadísticos actualizados, lo que impide medir resultados, y condenó el debilitamiento de instituciones clave como CONAPRED, la CNDH y la desaparición del INAI.

“La militarización vulnera de forma particular a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes”, subrayó la senadora por Tamaulipas, quien recordó que Acción Nacional se ha manifestado en contra de entregar tareas civiles a las Fuerzas Armadas.

Coincidió con la CEDAW en que México ha sido omiso en la defensa de los derechos de mujeres indígenas y afrodescendientes, y advirtió que las políticas actuales las colocan en un riesgo incluso mayor que hace una década. Muchos casos de violencia, añadió, permanecen en el anonimato, sin que las víctimas encuentren mecanismos de protección o acceso real a la justicia.

Sanmiguel enfatizó que la nueva Ley de Seguridad Pública debe corregir esos vacíos y establecer obligaciones claras para que el Estado mexicano atienda, proteja y garantice los derechos de los pueblos y comunidades históricamente vulnerados.

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