Por: Fabián G.
Ciudad de México.- La confrontación política en torno a Andrés Manuel López Beltrán subió de tono luego de que dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar sus movimientos financieros y aplicar, de existir fundamento legal, el congelamiento preventivo de sus cuentas y las de personas de su entorno.
«Que de manera preventiva y sustentado en la ley, la Unidad de Inteligencia Financiera, como ha hecho en otros casos, congele de inmediato las cuentas de Andy López y de su entorno cercano. Con la ley en la mano”, declaró el vocero panista Jorge Triana.
La exigencia surgió en medio de la controversia por versiones sobre la presunta cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, circunstancia que Acción Nacional considera suficiente para reclamar una revisión de su situación patrimonial y financiera.
Durante una conferencia de prensa, Triana y el diputado federal Federico Döring sostuvieron que las autoridades mexicanas no deberían permanecer al margen y plantearon que la UIF determine si existen operaciones que ameriten una investigación conforme a sus atribuciones.
Los panistas vincularon políticamente su petición con señalamientos sobre presuntas operaciones de contrabando de combustibles, conocidas como “huachicol fiscal”, así como con cuestionamientos relacionados con empresarios y contratistas que habrían mantenido cercanía con personajes de la administración anterior.
Se trata, hasta ahora, de acusaciones formuladas desde la oposición y no de hechos que, por sí mismos, acrediten responsabilidad penal de López Beltrán.
Acción Nacional también emplazó al dirigente morenista a hacer pública cualquier notificación oficial que hubiera recibido de autoridades estadounidenses respecto de su situación migratoria, bajo el argumento de que permitiría conocer las circunstancias de una eventual revocación del documento.
Döring señaló además que la controversia podría convertirse en un factor político rumbo a los próximos procesos electorales y anticipó que legisladores de oposición buscarán mantener el tema dentro de la agenda del Congreso de la Unión.
En las calles, la discusión tampoco pasa inadvertida. Rogelio Martínez Hernández, contador público de 47 años y residente de la alcaldía Benito Juárez, consideró que las instituciones mexicanas deben esclarecer cualquier señalamiento sin importar la identidad de los involucrados.
«Si no hay nada que temer, que abran las cuentas y se investigue a fondo, pero si hay anomalías, que la ley se aplique parejo para todos, se apelliden como se apelliden”, expresó.
Desde posiciones cercanas al oficialismo se ha advertido, sin embargo, que una determinación migratoria de Estados Unidos no constituye por sí sola una prueba de culpabilidad ni supone automáticamente la existencia de una investigación penal en México.
López Beltrán ha rechazado los señalamientos formulados en su contra y los ha colocado en el terreno de la confrontación y persecución política, mientras continúa con actividades relacionadas con Morena.
La disputa amenaza ahora con trasladarse al Congreso, donde sectores de la oposición pretenden impulsar pronunciamientos para solicitar la intervención de las autoridades financieras y de procuración de justicia.
Con ello, un asunto inicialmente relacionado con la situación migratoria estadounidense de López Beltrán se transforma en un nuevo frente de confrontación entre Morena y Acción Nacional, con la transparencia patrimonial y el combate a la corrupción nuevamente en el centro del debate político.
