Por: Ahamkara Antahkarana
Xalapa, Veracruz.- La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que en Veracruz, al igual que en el resto del país, no existe terrorismo, al referirse a la detención del reportero de nota policiaca Rafael “Lafita” León, ocurrida en Coatzacoalcos y vinculada a ese delito.
«En Veracruz no hay terrorismo, ni en el país”, afirmó la mandataria estatal durante una rueda de prensa, al señalar que este martes vence el plazo constitucional para que el juez determine la situación legal del imputado, por lo que evitó emitir juicios anticipados en respeto al debido proceso.
Nahle García indicó que será la Fiscalía General del Estado de Veracruz la instancia responsable de informar oficialmente sobre los detalles de la detención y la imputación, proceso que ha generado inquietud entre periodistas y organizaciones civiles por un posible uso indebido del tipo penal de terrorismo contra un comunicador.
La gobernadora dijo coincidir plenamente con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, y reiteró que no adelantará opiniones mientras el proceso legal continúe en curso.
Subrayó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial esclarecer los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades conforme a la ley.
La detención de Rafael “Lafita” León, realizada el pasado miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos, provocó una amplia reacción en el gremio periodístico, al considerar que podría tratarse de un intento de criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Veracruz.
De acuerdo con el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz, comete el delito de terrorismo quien, mediante el uso de explosivos, armas de fuego, sustancias tóxicas o actos como incendios o inundaciones, realice acciones contra personas, bienes o servicios públicos con el objetivo de generar alarma, temor o terror en la población, así como perturbar la paz pública o presionar a la autoridad.
Dicho delito contempla penas que van de tres a 30 años de prisión, además de multas y la suspensión de derechos políticos. El mismo artículo establece sanciones de uno a nueve años de cárcel para quien, con conocimiento de actividades terroristas, no las informe a las autoridades.
Asimismo, el artículo 312 prevé castigos de cinco a 25 años de prisión para quien administre recursos relacionados con actos terroristas, mientras que el artículo 313 amplía la definición del delito a quienes provoquen falsas alarmas o simulaciones de actos terroristas con el propósito de generar pánico, desorden o zozobra en la población.
Se espera que, una vez concluida la audiencia correspondiente, la Fiscalía General del Estado emita un posicionamiento oficial sobre el caso.


