Por Fabián G.
Ciudad de México. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó el impacto del Paro Nacional de transportistas y atribuyó parte de las movilizaciones al rechazo de grandes empresas del autotransporte a la reducción de beneficios fiscales contemplada en el proyecto de Ley de Ingresos 2027.
“Es una afectación pequeña para un sector muy focalizado. Estamos hablando de que esto solo impacta a 170 grandes empresas”, sostuvo la mandataria, según las declaraciones proporcionadas, al señalar que el 94 por ciento de los contribuyentes del esquema conservaría el estímulo fiscal.
La propuesta contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al acreditamiento de gastos por peajes contra el Impuesto sobre la Renta (ISR), medida que, de acuerdo con el Gobierno Federal, afectaría principalmente a los grandes corporativos del transporte de carga.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el estímulo fiscal por el uso de autopistas de cuota representa actualmente un costo de 13 mil 900 millones de pesos para las finanzas públicas.
Con la modificación propuesta, Hacienda estima obtener una recaudación adicional de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos.
Según las cifras oficiales proporcionadas, de un universo de 2 mil 580 contribuyentes, alrededor de 170 grandes empresas resultarían afectadas, mientras que los pequeños transportistas y los denominados hombres-camión conservarían el beneficio.
Sin embargo, las inconformidades del sector van más allá del tratamiento fiscal.
Organizaciones de transportistas y operadores han denunciado la inseguridad en las carreteras federales, particularmente en corredores como México-Querétaro, Puebla-Veracruz y el Arco Norte, donde aseguran enfrentar constantes robos y asaltos.
También reclaman los elevados cobros de grúas y corralones, así como el deterioro de la infraestructura carretera, factores que incrementan los costos operativos y afectan la competitividad del autotransporte nacional.
Las movilizaciones han provocado bloqueos parciales y retrasos en distintas vías de comunicación, generando inconformidad entre automovilistas y empresas que dependen del traslado oportuno de mercancías.
Ante este escenario, las secretarías de Gobernación y Hacienda mantienen mesas de diálogo con representantes del sector para atender las demandas fiscales, de seguridad y mantenimiento carretero.
Sheinbaum insistió en que la modificación tributaria no justifica incrementos en las tarifas de los fletes ni en los precios de los productos básicos, al considerar que el impacto económico se concentra en un grupo reducido de grandes empresas.
El conflicto mantiene abierto un debate entre la política recaudatoria del Gobierno Federal y las condiciones de seguridad, infraestructura y operación que enfrenta uno de los sectores estratégicos para la economía y el comercio nacional.
