Mecanismo de protección para periodistas mexicanos es inadecuado, advierten relatores de ONU y CIDH

Al ser un país democrático, México no se puede permitir que la
violencia contra los periodistas continúe y siga impune, aseguraron
los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las
Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.

Agregaron que en algunas zonas del país los periodistas «viven
aterrorizados», pues pese a que se han creado instancias
gubernamentales para combatir la violencia en su contra, ésta no se ha
mitigado e incluso en los dos últimos años ha sido más complicada que
hace siete años, cuando sus antecesores analizaron la situación del
país en este tema.

Al concluir este mediodía su visita oficial de trabajo a México, que
inició el pasado 27 de noviembre y que incluyó entrevistas con
representantes gubernamentales, periodistas, miembros de la sociedad
civil y directivos de medios, los relatores presentaron una serie de
observaciones preliminares al Estado mexicano a fin de que se avance
en la confrontación contra la riesgosa crisis que enfrentan hoy los
comunicadores.

«La violencia contra quienes ejercer el periodismo ha sido una crisis
para México por más de una década, y a pesar de la creación por parte
del gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la
impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo
largo del país», lamentaron.

Las recomendaciones preliminares de los expertos son varias: El
fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y de la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión al dotarlos de más recursos, presupuesto,
analistas de riesgo, capacitación del personal, para cumplir con sus
fines.

La implementación de una ley nacional que obligue a las autoridades a
tener personal de protección a periodistas, así como para investigar y
sancionar a autores materiales e intelectuales de los crímenes contra
ese sector.

Que el mecanismo mantenga una comunicación más permanente con los
beneficiarios de protección, que se brinde atención integral a
periodistas desplazados, ya que muchas veces estos profesionales que
se ven obligados a dejar las regiones donde laboran, no hayan empleo a
los sitios a los que se desplazan.

Que los medios de comunicación generen mecanismos de solidaridad
específicos con los periodistas que incluyan seguros de vida, buenos
salarios, seguridad social, mejores condiciones.

Otra de las observaciones es que el gobierno mexicano cree un consejo
de expertos internacional que brinde asesoría en las líneas de
investigación que vincule al ejercicio periodístico, que cuente con
una instancia de rendición de cuentas internacional y coadyuve a la
capacitación en técnicas de investigación.

Sobre la publicidad oficial, dijeron que si bien es necesaria para la
supervivencia de los medios, ésta debe ser regulada a partir de
criterios claros, rendición de cuentas y transparencia, pues el país
de la región que más gasta en la materia. Lanza destacó que se tienen
reportes que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado mil
500 millones de pesos para tal fin.

«La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será
especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía Mexicana votará en
elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de
los periodistas les permite recabar y difundir información sobre
cuestiones del más alto interés público».

Durante su labor en el país, los relatores se reunieron con más de 250
periodistas e integrantes de la sociedad civil procedentes de 21
entidades de la República, y visitaron la Ciudad de México, Sinaloa,
TAmaulipas, Guerrero y Veracruz. Agradecieron al gobierno federal la
invitación y detallaron que en la próxima primavera darán a conocer
sendos informes de fondo sobre la situación de la libertad de
expresión y los periodistas en el país, los cuales incluirán
recomendaciones específicas.

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