Por: Redacción
Ciudad de México.- La diputada federal de Morena, Giselle Yunueen Arellano Ávila, llevó a la tribuna de la Cámara de Diputados una iniciativa para proteger el mínimo vital de las mujeres víctimas de violencia económica y patrimonial, al advertir que el control del dinero, la vivienda, los documentos o los ingresos puede convertirse en un mecanismo que impida a una mujer escapar de su agresor.
“Cuando la violencia económica pone en riesgo la subsistencia e inclusive la propia vida, la ley debe tener ojos para verlo y manos para protegerlo”, afirmó Giselle Yunuen Arellano Ávila al defender desde la máxima tribuna del país el alcance de su propuesta.
La legisladora morenista presentó una iniciativa para adicionar una fracción IX Ter al artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de incorporar expresamente la protección del mínimo vital frente a casos de violencia económica y patrimonial.
La propuesta de Giselle Yunuen Arellano Ávila establece que cuando este tipo de violencia coloque en riesgo grave las condiciones materiales indispensables para la subsistencia de una mujer, las autoridades deberán tomar esa circunstancia en cuenta para determinar, solicitar o adoptar las medidas de protección correspondientes.
Estas medidas podrían estar encaminadas a preservar ingresos, bienes, documentos personales, instrumentos financieros, vivienda y otros medios indispensables para que la víctima pueda ejercer efectivamente sus derechos.
Giselle Yunuen Arellano Ávila sostuvo que reconocer legalmente la violencia económica no es suficiente cuando una mujer carece, en los hechos, de los recursos necesarios para romper el círculo de violencia.
“Proteger también significa generar las condiciones para que una mujer pueda salir de la violencia y recuperar su autonomía”, enfatizó la legisladora.
La diputada federal explicó que hablar del mínimo vital significa garantizar aquellas condiciones materiales que hacen posible una vida autónoma y digna, particularmente cuando el control económico es utilizado para mantener a una mujer sometida.
Durante su intervención, Giselle Yunuen Arellano Ávila puso especial énfasis en la distancia que puede existir entre lo establecido formalmente y las condiciones que enfrenta una víctima en su vida cotidiana.
“La apariencia jurídica puede decir una cosa. La realidad puede decir otra. Y el derecho tiene que ser capaz de verla”, expresó.
La legisladora señaló que la violencia económica puede ir mucho más allá de la pérdida o restricción del dinero, pues una mujer sin acceso a recursos, documentos, vivienda o ingresos puede quedar materialmente imposibilitada para abandonar una relación violenta, solicitar ayuda o comenzar una vida independiente.
Giselle Yunuen Arellano Ávila también llevó a la tribuna su experiencia personal al señalar que la propuesta está dirigida a quienes han enfrentado distintas manifestaciones de violencia.
“Para las mujeres que hemos sufrido violencia económica, psicológica, patrimonial, verbal o física, esta ley es para verte, porque sé lo que es estar en ese lugar”, manifestó.
La propuesta plantea actuar antes de que la falta de recursos termine en la pérdida de vivienda, antes de que la dependencia económica impida pedir ayuda y antes de que el sometimiento coloque en mayor riesgo a la víctima.
“La libertad necesita condiciones. La autonomía necesita posibilidades. Y las mujeres necesitamos justicia”, afirmó la diputada de Morena.
Giselle Yunuen Arellano Ávila sostuvo que detrás de la violencia económica existen mujeres que intentan abandonar un entorno de agresiones, pero carecen de dinero, vivienda o una red de apoyo que les permita hacerlo.
La iniciativa de la legisladora fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
“Proteger el mínimo vital es proteger la posibilidad real de decidir, pedir ayuda y vivir con autonomía”, concluyó Giselle Yunueen Arellano Ávila.
