Impone jueza censor oficial a periodista en Campeche

17 Jul 2025 | Nacional

Por: José Bojórquez

Campeche, Campeche.-

En una decisión que ha desatado un profundo debate sobre los límites a la libertad de expresión, la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso nuevas y controvertidas medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el medio digital Tribuna, las cuales incluyen la designación de interventores judiciales para autorizar qué puede y qué no puede publicarse sobre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Durante la diligencia celebrada ayer por la mañana, la jueza argumentó que estas medidas buscan “salvaguardar los derechos de la víctima”, en referencia a la mandataria estatal. Según el fallo, un representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá revisar previamente el contenido de las publicaciones, notas y opiniones antes de ser difundidas si se relacionan con la gobernadora.

“El periodista deberá abstenerse de escribir, declarar u opinar sobre Sansores San Román, así como de publicar imágenes de ella”, puntualizó la jueza. También ordenó que todo contenido —incluidos comentarios u opiniones de usuarios— sea monitoreado, y que cualquier expresión que resulte ofensiva al gobierno sea eliminada de inmediato.

Aunque se confirmó la suspensión definitiva de las medidas anteriores, que prohibían por dos años el ejercicio del periodismo a González Valdez y el cierre de la plataforma digital de Tribuna, las nuevas condiciones han sido consideradas aún más drásticas.

“El mensaje es claro: la censura oficial en Campeche ya tiene nombre y respaldo judicial”, expresó el periodista afectado, de 71 años, quien dirigió Tribuna por más de cuatro décadas.

La jueza también ordenó que el periodista esté acompañado por un censor oficial en caso de grabar un programa, ofrecer una conferencia o emitir opiniones públicas, en línea con lo solicitado por el asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la fiscal Jenny Clarivel Nah Mendieta.

En diciembre de 2023, la mandataria estatal demandó al periodista y al medio por supuestos delitos de incitación al odio y violencia, alegando que las publicaciones contenían expresiones ofensivas sobre su edad, su cuerpo, su forma de vestir y su condición de mujer.

“Lo que hacen no es periodismo ni libertad de expresión, es libertad de agresión y de difamación”, declaró en su momento Layda Sansores.

Cabe recordar que el pasado 13 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada había vinculado a proceso a González Valdez y al administrador del sitio, Isidro Yerbes Cruz, prohibiéndoles ejercer el periodismo y ordenando el cierre de Tribuna por dos años. Sin embargo, el 9 de julio, el tribunal colegiado del 31 circuito judicial calificó esas medidas como inconstitucionales y restituyó sus derechos.

Ahora, con la nueva resolución de la jueza De Atocha Huitz May, la controversia se reaviva. La intervención judicial en medios de comunicación no tiene precedentes recientes en el país y ha sido considerada por expertos como una forma de censura previa, contraria a los principios constitucionales.

Adicionalmente, González Valdez enfrenta una sentencia por daño moral en favor del director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón, a quien deberá pagar dos millones de pesos. La casa del periodista ha sido puesta en subasta para garantizar el cumplimiento de la indemnización.

El caso sigue generando reacciones a nivel nacional por lo que representa para el ejercicio del periodismo y el derecho a la crítica en una democracia.

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